En los últimos días, las pulseras de protección para mujeres maltratadas han vuelto a estar en el centro de la polémica. La Fiscalía ha emitido un informe que ha generado confusión y contradicciones, lo que ha llevado a un intenso debate público sobre la eficacia de estas medidas de protección. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se ha visto presionada a considerar su dimisión, mientras que las voces de las víctimas se alzan en un clamor por una atención más efectiva y menos superficial a sus necesidades.
La situación actual revela que, a pesar de los esfuerzos por implementar medidas de protección, existen fallos significativos en el sistema. Las críticas no solo provienen de los medios de comunicación, sino también de las propias víctimas que, a menudo, sienten que sus denuncias no reciben la atención que merecen. Este descontento se ha intensificado en un contexto donde las diferencias en la atención a las víctimas varían según la comunidad autónoma, lo que ha llevado a que algunas sean consideradas de «primera» o «segunda» clase dependiendo de su ubicación geográfica.
### La Inequidad en la Atención a las Víctimas
El informe de la Fiscalía destaca problemas graves en la atención a las víctimas de violencia de género. Por ejemplo, en algunas localidades como Sevilla y Cádiz, se ha señalado la falta de personal en las Unidades de Valoración Forense Integral, lo que compromete la protección de las víctimas. En Toledo, la ausencia de un psicólogo fijo agrava la situación, mientras que en Valladolid, los informes se realizan sin seguir protocolos urgentes. En Burgos, los tiempos de respuesta se han triplicado, y en Galicia, las víctimas enfrentan retrasos de hasta nueve meses y medio.
Estos problemas no son meras estadísticas; son realidades que afectan a mujeres que buscan protección y justicia. La Fiscalía ha subrayado que la infravaloración del riesgo por parte de la policía puede dejar a las víctimas sin la protección necesaria. Este mal diagnóstico no solo impide que muchas mujeres accedan a las pulseras de protección, sino que también pone en riesgo sus vidas y las de sus hijos.
La falta de atención a estas cuestiones ha llevado a que muchas víctimas se sientan invisibles. La sensación de que sus denuncias no son tomadas en serio se ha convertido en un tema recurrente en las conversaciones entre ellas. La pregunta que surge es: ¿por qué no se da la misma visibilidad a todas las víctimas, independientemente de su ubicación o situación? La respuesta parece estar en la falta de un enfoque integral que abarque no solo la legislación, sino también la implementación efectiva de políticas que garanticen la protección de todas las mujeres.
### La Necesidad de Políticas Efectivas
El debate sobre las pulseras de protección no debe ser visto como un ataque a las políticas de igualdad, sino como una demanda urgente por su mejora. Es fundamental que las políticas de igualdad sean eficientes y que se implementen de manera que realmente protejan a las mujeres en riesgo. La crítica a la gestión actual no debe ser interpretada como un rechazo a la causa feminista, sino como una oportunidad para fortalecerla y hacerla más inclusiva.
Las voces de las víctimas deben ser escuchadas y tenidas en cuenta en la formulación de políticas. Una de las preguntas que ha resonado entre ellas es: «¿Cuándo se exigirá la dimisión de aquellos que realmente provocan muertes?» Esta inquietud refleja la frustración de quienes han denunciado y, a pesar de ello, han sido asesinadas o han visto a sus hijos sufrir las consecuencias de la falta de protección. La responsabilidad no solo recae en la ministra de Igualdad, sino también en un sistema que, en muchos casos, parece estar diseñado para fallar a las mujeres más vulnerables.
Es crucial que se realicen cambios significativos en la forma en que se abordan estos problemas. Las instituciones deben ser más responsables y transparentes en su gestión, y las políticas de igualdad deben ser revisadas y adaptadas para garantizar que todas las víctimas reciban la atención y protección que necesitan. Solo así se podrá evitar que la ultraderecha utilice la falta de eficacia en las políticas de igualdad como propaganda en su contra.
La lucha por la igualdad y la protección de las mujeres maltratadas no puede ser una cuestión de titulares ocasionales. Debe ser un compromiso constante y una prioridad para todas las administraciones. Las pulseras de protección son solo una parte de un sistema que necesita ser revisado y fortalecido para garantizar que todas las mujeres, sin excepción, puedan vivir libres de violencia y con la seguridad que merecen.
