La reciente investigación llevada a cabo por la Intervención General del Estado (IGAE) ha revelado irregularidades significativas en la adjudicación de contratos públicos en España, específicamente aquellos relacionados con fondos europeos. Este informe, que ha sido remitido a la Fiscalía Europea, se centra en la figura del empresario Juan Carlos Barrabés, quien fue recomendado por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, para recibir contratos a través de la Cátedra de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid.
Las cartas de recomendación firmadas por Gómez, según el informe, no tienen valor vinculante y su inclusión en el proceso de adjudicación ha distorsionado la evaluación técnica de las ofertas. Esto ha beneficiado a ciertos licitadores, en particular a la UTE Innova Next S.L.U., empresa de Barrabés, y a The Valley Digital Business School, mientras que ha perjudicado a otros competidores. La IGAE ha señalado que la forma en que se valoraron las ofertas no se ajusta a la realidad, lo que podría constituir un fraude de ley.
### Irregularidades en la Valoración de Ofertas
El informe de la IGAE destaca que la Mesa de Contratación de Red.es, un organismo dependiente del Ministerio de Transformación Digital, no tenía la competencia para realizar la valoración de las ofertas. A pesar de que los pliegos de condiciones establecían que los criterios subjetivos tendrían un peso del 40% en la puntuación total y los criterios cuantificables un 60%, la realidad fue diferente. La investigación ha demostrado que el peso real de los criterios evaluables y no evaluables fue del 42,86% y 57,14%, respectivamente. Esta discrepancia sugiere que la evaluación no se realizó de manera justa ni transparente.
Además, el informe menciona que algunos documentos previos a la adjudicación carecen de firma y que sus metadatos han sido borrados, lo que impide verificar su autenticidad. Esto plantea serias dudas sobre la integridad del proceso de contratación y la validez de las puntuaciones asignadas a las ofertas. En uno de los documentos analizados, se encontró una anotación que sugiere que un evaluador recibió instrucciones para reducir la puntuación de un licitador, sin que se especificara el motivo.
### Implicaciones Legales y Futuras Investigaciones
La investigación ha llevado a que el juez Juan Carlos Peinado, encargado del caso, ceda parte de la causa a la Fiscalía Europea, especialmente en lo que respecta a la UTE en la que participa la empresa de Barrabés, financiada con fondos europeos. Este paso es significativo, ya que implica que las irregularidades no solo se están investigando a nivel nacional, sino que también han atraído la atención de las autoridades europeas.
El informe se centra en dos expedientes específicos: uno relacionado con la formación de empleo juvenil para la economía digital y otro sobre servicios de formación para personas desempleadas. Los contratos adjudicados en estos proyectos suman un total de 8,45 millones de euros, con ayudas europeas que ascienden a más de 4,3 millones para el primer proyecto y 472,000 euros para el segundo.
La situación se complica aún más con la posibilidad de que se hayan cometido ilícitos penales en la gestión de estos fondos europeos. La IGAE ha advertido que la falta de transparencia y las irregularidades en la valoración de las ofertas podrían tener consecuencias legales graves para los implicados.
La investigación continúa, y se espera que se realicen más diligencias para esclarecer la magnitud de las irregularidades y determinar las responsabilidades de los involucrados. La atención mediática y pública sobre este caso es intensa, y podría tener repercusiones significativas en el ámbito político y administrativo en España.
A medida que se desarrollan los acontecimientos, la sociedad civil y los organismos de control seguirán de cerca este caso, que pone de relieve la importancia de la transparencia y la integridad en la gestión de los fondos públicos y europeos. La confianza en las instituciones se ve amenazada cuando surgen este tipo de escándalos, y es fundamental que se tomen medidas para restaurar la credibilidad en el sistema de contratación pública.
