La jueza Inmaculada Iglesias ha tomado la decisión de investigar a Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en relación con posibles delitos de corrupción. Esta investigación, solicitada por la Fiscalía, se centra en las actividades empresariales de González Amador, especialmente en su vinculación con la sociedad de servicios sanitarios Quirón. La complejidad del caso ha llevado a la jueza a encargar a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que realice las indagaciones pertinentes para esclarecer los hechos.
### Contexto de la Investigación
La investigación se origina a raíz de las sospechas sobre una transacción financiera que González Amador realizó en diciembre de 2020, cuando ofreció a Gloria Carrasco, esposa del presidente de Quirón Prevención SL, la compra de la empresa Círculo Belleza SL por un monto de 499.836 euros. La Fiscalía considera que esta operación podría haber sido un soborno encubierto, destinado a facilitarle negocios con Quirón. La jueza Iglesias ha señalado que el caso presenta un carácter interprovincial, lo que complica aún más la investigación.
En su auto, la jueza menciona que la empresa de González Amador, Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medio Ambiente S.L., experimentó un notable aumento en sus ingresos durante los años de la pandemia. Este incremento se atribuye a la intermediación en la venta de material sanitario, así como a la percepción de ingresos significativos facturados a Quirón Prevención SL. En 2020, González Amador recibió casi dos millones de euros por servicios relacionados con la comercialización de productos sanitarios.
### Análisis de las Transacciones
La jueza Iglesias ha destacado que, en el contexto de la compra de Círculo Belleza, el valor de la participación de Carrasco en la empresa se disparó en un corto período, lo que genera sospechas sobre la legitimidad de la transacción. González Amador justificó el pago a Carrasco argumentando que contaba con una amplia cartera de contactos, pero la Fiscalía ha cuestionado esta explicación, sugiriendo que la operación podría haber sido una forma de compensar la intermediación entre FCS Select Products S.L. y Mape Asesores S.A., así como por el aumento de la facturación proveniente de Quirón.
Además, la investigación ha revelado que, paralelamente a las actuaciones de comprobación sobre Maxwell, se iniciaron indagaciones sobre Círculo Belleza, que fue renombrada como Masterman & Whitaker Medical Supplies And Health Process Engineering S.L. La inspección tributaria concluyó que esta última era una sociedad instrumental, utilizada por Maxwell para simular que prestaba servicios que en realidad eran proporcionados por Maxwell Cremona S.L.
La jueza ha indicado que esta simulación de servicios es un indicio de que las actividades de González Amador podrían estar encubriendo un esquema más amplio de corrupción. La UCO ha sido instruida para investigar si los ingresos generados por estas actividades han sido ocultados o disimulados, lo que podría implicar un delito de blanqueo de capitales.
### Implicaciones Políticas y Sociales
La situación ha generado un gran revuelo en el ámbito político y social, especialmente dado el perfil de González Amador como pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. La relación entre la política y los negocios ha sido objeto de escrutinio público, y este caso podría tener repercusiones significativas en la imagen de la administración de Ayuso. La corrupción en el ámbito político es un tema sensible en España, y cualquier indicio de irregularidades puede desencadenar una crisis de confianza en las instituciones.
Los partidos de la oposición, como el PSOE y Más Madrid, han expresado su preocupación por la situación y han exigido una investigación exhaustiva. La transparencia en la gestión pública es fundamental para mantener la confianza ciudadana, y este caso podría ser un punto de inflexión en la percepción de la administración de Ayuso.
En resumen, la investigación sobre Alberto González Amador y su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid ha puesto de manifiesto la necesidad de un análisis riguroso de las actividades empresariales en el contexto político. La UCO tiene la tarea de desentrañar los posibles delitos de corrupción y blanqueo de capitales, mientras que la sociedad observa con atención el desarrollo de este caso que podría tener implicaciones significativas en el futuro político de la región.
