Un juzgado en Barcelona ha abierto la primera investigación formal contra la Guardia Civil en relación con el uso de software espía como Pegasus y Candiru. Esta acción legal surge tras la presentación de una querella por parte de cinco empresarios y desarrolladores tecnológicos, quienes acusan a altos cargos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Guardia Civil y las empresas responsables de estos programas de espionaje. Los delitos que se les imputan incluyen el descubrimiento y revelación de secretos, así como el acceso ilegal a sistemas informáticos.
La querella, que fue inicialmente presentada en la Audiencia Nacional, ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona. Este caso ha sido coordinado por la asociación Sentinel Alliance, que representa a las víctimas del espionaje. Uno de los aspectos más destacados de esta investigación es la inclusión de Candiru, un software espía que, hasta ahora, el gobierno español no había reconocido haber adquirido o utilizado. La revelación de una infección activa en el dispositivo de uno de los querellantes, Joan Matamala, permitió a Microsoft lanzar una actualización de seguridad que protegió a más de 1.300 millones de dispositivos a nivel mundial.
Además, la querella detalla que uno de los querellantes, Jordi Baylina, fue objeto de espionaje mientras se encontraba en Suiza. Este hecho añade una dimensión internacional al caso, ya que podría constituir una violación de la soberanía y de la legislación suiza. La asociación Sentinel Alliance, con sede en Suiza, ha subrayado la gravedad de este acto, que podría tener repercusiones legales más amplias.
Candiru es conocido como uno de los programas de ciberespionaje más potentes de Israel. Se ha utilizado para infectar dispositivos móviles de líderes políticos y activistas, lo que ha generado una gran preocupación sobre la privacidad y la seguridad de los datos personales. La empresa detrás de Candiru, Saito Tech Ltd., es considerada la segunda compañía de ciberespionaje más poderosa de Israel, y su presidente, Isaac Zack, es también uno de los fundadores de NSO Group, la empresa responsable de Pegasus.
Hasta el momento, los procesos judiciales abiertos en Barcelona relacionados con Pegasus han implicado únicamente al CNI, mientras que la Guardia Civil ha permanecido al margen. Sin embargo, la asociación Sentinel ha afirmado que este cuerpo también utiliza programas de espionaje para monitorear teléfonos móviles y acceder a información personal, profesional y política. Los presuntos delitos que se les atribuyen incluyen la revelación de secretos, acceso no consentido a dispositivos y la comisión de delitos por parte de un grupo criminal.
La situación actual plantea serias preguntas sobre la legalidad del uso de software espía por parte de las fuerzas del orden y los servicios de inteligencia en España. La creciente preocupación por la privacidad y la protección de datos ha llevado a un escrutinio más intenso sobre las prácticas de vigilancia del gobierno. La investigación en curso podría sentar un precedente importante en la forma en que se regulan y supervisan estas tecnologías en el futuro.
El caso ha captado la atención de diversos sectores de la sociedad, incluidos defensores de los derechos humanos y expertos en ciberseguridad. La posibilidad de que se utilicen herramientas de espionaje para vigilar a ciudadanos comunes, así como a figuras públicas, ha generado un debate sobre los límites de la vigilancia estatal y la necesidad de establecer salvaguardias adecuadas para proteger la privacidad de los individuos.
A medida que avanza la investigación, se espera que surjan más detalles sobre el alcance del uso de Pegasus y Candiru en España. La presión pública y la atención mediática podrían influir en la forma en que se desarrollan los procedimientos judiciales y en la respuesta del gobierno ante estas acusaciones. La transparencia en este proceso será crucial para restaurar la confianza pública en las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia en el país.
En un contexto más amplio, este caso se inscribe en una tendencia global de creciente preocupación por el uso de tecnologías de vigilancia. A medida que las capacidades de espionaje se vuelven más sofisticadas, la necesidad de un marco legal claro y efectivo se vuelve cada vez más urgente. La sociedad civil, los legisladores y las organizaciones internacionales deben trabajar juntos para garantizar que los derechos humanos y la privacidad sean protegidos en la era digital.
