La reciente tramitación de una nueva Ley de Finanzas Locales en el Parlament de Catalunya marca un paso significativo hacia la mejora de la situación financiera de los ayuntamientos catalanes. Esta propuesta, impulsada por el grupo de los Comuns, ha logrado superar una enmienda a la totalidad presentada por Vox, lo que permite que continúe su curso en la comisión parlamentaria antes de ser sometida a votación final en el Pleno. La ley busca abordar la crónica infrafinanciación que afecta a las administraciones locales, un problema que ha sido recurrente en el debate político catalán.
La propuesta de los Comuns no es nueva; retoma una iniciativa discutida en la legislatura anterior y se enmarca dentro de la hoja de ruta municipalista del Govern de la Generalitat, liderado por Salvador Illa. Este ejecutivo ha manifestado su compromiso de impulsar regulaciones que mejoren la salud financiera de los gobiernos locales. Según el secretario de Governs Locals, Xavier Amor, la estrategia se basa en el desarrollo de dos leyes: una centrada en la financiación local y otra en los gobiernos locales. Esta iniciativa se presenta como un punto de partida para una reforma legal que responda a las necesidades de los entes locales.
Uno de los aspectos más destacados de la propuesta es la creación de un nuevo fondo específico, denominado Fons de participació de les entitats locals de la Generalitat de Catalunya. Este fondo permitirá a las administraciones locales incrementar sus recursos a partir de los ingresos tributarios tanto de la Generalitat como del Estado. Sin embargo, la propuesta no especifica la dotación inicial de este fondo ni cómo se coordinará con el actual Fons de Cooperació Local, que actualmente financia a los gobiernos locales con aproximadamente 146 millones de euros.
La situación financiera de los ayuntamientos catalanes es crítica. Según la exposición de motivos de la ley, se estima que un 30% del gasto corriente que asumen los ayuntamientos corresponde a servicios que no son de su competencia legal, lo que se conoce como ‘impropias’. En Catalunya, existen un total de 1.741 gobiernos locales, que incluyen municipios, Consells Comarcals, mancomunidades, consorcios y organismos autónomos. Esta diversidad de entidades resalta la complejidad del sistema de financiación local y la necesidad urgente de una reforma que garantice su sostenibilidad.
Además de la creación del nuevo fondo, la propuesta también contempla la formación de un consorcio catastral junto con el Estado. Este consorcio tiene como objetivo agilizar los procedimientos de valoración catastral, un tema que ha generado controversia en el pasado. La creación de este consorcio podría facilitar la colaboración entre las administraciones locales y el Estado, mejorando así la eficiencia en la gestión de los recursos.
La tramitación de esta ley ha sido recibida con optimismo por parte de varios grupos políticos, quienes consideran que es un paso necesario para abordar el maltrato histórico que han sufrido las administraciones locales. Lluís Mijoler, diputado de los Comuns y exalcalde de El Prat de Llobregat, enfatizó la importancia de dar visibilidad a las dificultades financieras que enfrentan los ayuntamientos. Aunque reconoció que la propuesta actual carece de concreción, destacó que es fundamental iniciar el debate sobre la financiación local.
La situación de infrafinanciación no es un problema exclusivo de Catalunya, sino que se observa en diversas comunidades autónomas de España. Sin embargo, la singularidad del contexto catalán, con un sistema de autogobierno y una diversidad de administraciones locales, hace que la necesidad de una reforma sea aún más apremiante. La presión sobre los recursos locales ha llevado a muchos alcaldes, independientemente de su color político, a exigir soluciones que garanticen la viabilidad de sus municipios.
La nueva Ley de Finanzas Locales no solo busca mejorar la financiación de los ayuntamientos, sino que también pretende establecer un marco normativo que permita a las administraciones locales gestionar sus recursos de manera más eficiente. La creación de un fondo específico y la colaboración con el Estado son pasos que podrían transformar la realidad financiera de los gobiernos locales en Catalunya.
A medida que avanza la tramitación de esta ley, será crucial seguir de cerca el desarrollo de las discusiones en el Parlament y la respuesta de los diferentes grupos políticos. La capacidad de esta iniciativa para generar un cambio real en la financiación local dependerá de la voluntad política de todos los actores involucrados y de su compromiso con el bienestar de las comunidades locales. La mejora de la financiación de los ayuntamientos no solo beneficiará a las administraciones, sino que también tendrá un impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos, quienes son los principales destinatarios de los servicios públicos que ofrecen estos gobiernos locales.
