El juicio contra el fiscal general del Estado ha tomado un giro inesperado con las declaraciones del decano de los abogados de Madrid, Eugenio Ribón. Durante su testimonio, Ribón expuso la presión que la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, sentía en relación con la emisión de una nota de prensa que contenía información confidencial sobre el caso del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Esta situación ha generado un gran revuelo en el ámbito jurídico y político, dado que la nota revelaba datos que podrían perjudicar la defensa del acusado.
### La Revelación de Ribón y la Presión sobre la Fiscal Provincial
Ribón relató que, tras conocer la nota de prensa, decidió contactar a Rodríguez, quien le confesó sentirse «como un sándwich», atrapada entre las órdenes que recibía de sus superiores y la necesidad de actuar conforme a la ley. La nota en cuestión había causado «alarma y desconcierto absoluto» en el Colegio de la Abogacía, ya que contenía información que podría comprometer el derecho de defensa de González Amador, quien había sido denunciado por fraude a Hacienda.
Durante el interrogatorio, la defensa del fiscal general intentó argumentar que Ribón debía declarar como perito, pero el presidente del tribunal, Andrés Martínez-Arrieta, desestimó esta objeción, permitiendo que Ribón compartiera su perspectiva sobre las comunicaciones entre abogados y fiscales. Ribón enfatizó que la publicación de la nota de prensa por parte de la Fiscalía Provincial era una clara vulneración del derecho de defensa, lo que subraya la gravedad de la situación.
Además, Ribón mencionó que, tras su conversación con Rodríguez, fue convocado a una reunión con el fiscal general y otros cinco fiscales. En esta reunión, García Ortiz, el fiscal general, propuso elaborar una nota de prensa conjunta entre la Fiscalía y la Abogacía, lo que Ribón interpretó como un intento de «poner paños calientes» a la situación. Ribón se opuso a esta idea, argumentando que lo que realmente se necesitaba era una investigación y la depuración de responsabilidades.
### La Respuesta de la Fiscalía y el Contexto del Caso
El caso ha suscitado un intenso debate sobre la independencia del poder judicial y la influencia política en las decisiones fiscales. La fiscal jefa de Inspección de la Fiscalía General del Estado, María Antonia Sanz, también fue citada a declarar. Sanz había dictado un decreto de archivo de los expedientes relacionados con el caso, argumentando que ni Rodríguez ni el fiscal asignado al caso, Julián Salto, serían sometidos a juicio, ya que solo el fiscal general se encuentra en el banquillo.
El fiscal del Supremo delegado de Protección de Datos, Agustín Hidalgo de Morillo, fue interrogado sobre los protocolos de seguridad en la Fiscalía. Afirmó que actúa de oficio ante posibles vulnerabilidades, pero consideró que la nota de prensa sobre González Amador no constituía una violación de la seguridad. Este punto ha generado controversia, ya que muchos consideran que la divulgación de información sensible puede comprometer la integridad del proceso judicial.
Hidalgo de Morillo también fue cuestionado sobre el borrado de datos realizado por García Ortiz en sus dispositivos electrónicos, un hecho que se conoció cuando la Guardia Civil registró su despacho. El fiscal defendió que no tenía por qué ser informado sobre el borrado, ya que consideraba que se trataba de una materia jurisdiccional. Esta declaración pone de relieve la falta de claridad en los protocolos de tratamiento de datos dentro de la Fiscalía, lo que podría tener implicaciones serias en la gestión de la información sensible.
El juicio continúa con la declaración de otros testigos, incluidos periodistas que han cubierto el caso. La situación ha generado un ambiente de tensión y desconfianza en el ámbito judicial, con acusaciones de falta de neutralidad y presión política. La Asociación Libre de Abogados ha denunciado la falta de imparcialidad del Colegio de Abogados, que ha actuado como acusación popular en este procedimiento, lo que añade una capa más de complejidad a un caso que ya es intrincado.
A medida que avanza el juicio, se espera que el propio fiscal general declare, lo que podría arrojar más luz sobre las decisiones tomadas en relación con el caso de González Amador. La situación plantea interrogantes sobre la independencia del poder judicial y la influencia de factores externos en la administración de justicia, un tema que sigue siendo de gran relevancia en la sociedad actual.
