En un giro inesperado en el ámbito judicial, el juez Juan Carlos Peinado, encargado del juzgado de instrucción número 41, ha decidido llevar el caso de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ante un jurado popular. Esta decisión no solo busca acelerar el enjuiciamiento de Gómez, sino que también podría abrir la puerta a la investigación de otros presuntos delitos, como el tráfico de influencias, que han estado bajo el escrutinio del juez desde abril de 2024. Esta medida se enmarca dentro de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado (LOTJ) de 1995, que permite que ciertos delitos sean juzgados por un jurado popular.
La decisión del juez Peinado se produce tras la recepción de correos electrónicos entre Begoña Gómez, Cristina Álvarez y Juan Carlos Doadrio, ex vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Estos correos fueron solicitados por el juez como parte de la investigación. En un contexto donde la presión mediática y pública es intensa, el juez ha optado por acelerar el procedimiento, citando a Gómez y Álvarez a declarar en un momento en que muchos esperaban que el caso avanzara hacia un juicio abreviado.
### La Estrategia Judicial y el Contexto del Caso
El movimiento del juez Peinado ha sido interpretado como una estrategia para dar un golpe de efecto en un caso que ha captado la atención de la opinión pública. En medio de las vacaciones de agosto, el juez dictó un auto que citaba a ambas investigadas a declarar el 10 de septiembre. Sin embargo, las defensas de Gómez y Álvarez presentaron recursos contra la imputación por malversación, lo que llevó a que no respondieran a las preguntas del juez durante la audiencia.
A pesar de esto, el juez ha decidido transformar las diligencias previas en un procedimiento para el juicio ante el Tribunal del Jurado, lo que implica que se celebrará una audiencia donde las partes podrán presentar sus alegaciones. Esta audiencia está programada para el 27 de septiembre, y se espera que sea un momento crucial en el desarrollo del caso.
El respaldo del juez por parte de la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid es notable. Los magistrados de esta sección han proporcionado un marco legal que refuerza la decisión del juez Peinado, sugiriendo que la investigación debe centrarse en si se han sobrepasado las funciones públicas para favorecer intereses privados. Este enfoque ha sido respaldado por la terminología contundente utilizada en los autos judiciales, que subrayan la gravedad de las acusaciones.
### Implicaciones de la Decisión del Juez
La decisión de llevar el caso a un jurado popular tiene múltiples implicaciones. En primer lugar, se trata de un movimiento que podría aumentar la presión sobre las partes involucradas, especialmente en un contexto donde la figura de Begoña Gómez está en el centro de la controversia. La investigación no solo se limita a la malversación, sino que también abarca el tráfico de influencias, lo que podría tener repercusiones más amplias en el entorno político.
El juez Peinado ha solicitado a la Moncloa todos los correos electrónicos de Begoña Gómez desde junio de 2018, lo que indica que la investigación podría extenderse más allá de los hechos inmediatos. La Unidad Operativa de la Guardia Civil (UCO) está encargada de realizar un informe sobre el contenido de estos correos, lo que podría revelar más detalles sobre la relación entre Gómez y otros actores en el ámbito político y académico.
La audiencia preliminar programada para el 27 de septiembre será un momento clave para determinar las diligencias a realizar y escuchar las alegaciones sobre la competencia del tribunal del jurado. Una vez concluida esta audiencia, el juez deberá dictar la apertura del juicio oral o decretar el sobreseimiento del caso, lo que podría tener un impacto significativo en la carrera política de Begoña Gómez y en la percepción pública del Gobierno.
En resumen, el caso de Begoña Gómez ha tomado un rumbo inesperado con la decisión del juez Peinado de llevarlo ante un jurado popular. Este movimiento no solo busca acelerar el proceso judicial, sino que también podría tener implicaciones más amplias en el ámbito político, especialmente en un momento en que la confianza pública en las instituciones está en juego. La atención ahora se centra en la audiencia del 27 de septiembre, donde se definirán los próximos pasos en este caso que ha capturado la atención de la sociedad.
