En los últimos años, América Latina y el Caribe han sido escenario de un aumento significativo en la inversión en proyectos de combustibles fósiles, a pesar de las advertencias de organismos internacionales sobre la necesidad de reducir el uso de estas fuentes de energía. Un reciente informe elaborado por organizaciones no gubernamentales ha revelado que más de 190 compañías del sector energético están expandiendo sus operaciones en la región, lo que plantea serias preocupaciones sobre el impacto ambiental y social de estas actividades.
### La Inversión en Combustibles Fósiles
Según el informe, las empresas de la industria extractiva, como Petrobras y Chevron, han invertido aproximadamente 28.000 millones de dólares en la búsqueda de nuevas reservas de petróleo en América Latina durante los últimos tres años. Entre las compañías que más han gastado se encuentran Pemex, con 9.500 millones de dólares, Petrobras, con 2.600 millones, y ExxonMobil, con 1.800 millones. Este aumento en la inversión se produce en un contexto donde el cambio climático se ha convertido en una de las principales preocupaciones globales, y donde se requiere una transición hacia energías más limpias.
La explotación de combustibles fósiles no solo contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero, sino que también está asociada con la destrucción de ecosistemas críticos. Por ejemplo, el informe destaca que el banco Santander se ha convertido en el principal financiador de proyectos de combustibles fósiles en la región, proporcionando 9.900 millones de dólares entre 2022 y 2024. Este financiamiento proviene en gran parte de bancos extranjeros, que han representado el 92% de la financiación total para estos proyectos en América Latina, con un notable aporte de bancos estadounidenses y canadienses.
### La Amenaza a los Territorios Indígenas
Uno de los aspectos más alarmantes del informe es la superposición de proyectos de extracción de petróleo y gas con territorios indígenas. Más de 1.600 territorios indígenas, incluidos aquellos que albergan comunidades en contacto no voluntario, se ven afectados por concesiones de petróleo y gas. En Ecuador, por ejemplo, siete pueblos indígenas han denunciado la falta de consulta previa sobre un proyecto gubernamental que busca desarrollar 49 proyectos petroleros, 14 de los cuales se ubican en la Amazonía ecuatoriana.
La Amazonía, conocida como el pulmón del planeta, se enfrenta a una creciente presión debido a la expansión de la exploración y explotación de recursos naturales. En Colombia, se han identificado más de 250 pozos activos en la región del Putumayo, mientras que en Brasil, se adjudicaron 19 bloques de exploración en la cuenca del río Amazonas en una reciente subasta petrolera. La quema de estos recursos podría liberar hasta 10 giga toneladas de dióxido de carbono, lo que representa un porcentaje significativo del presupuesto de carbono necesario para limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados.
La situación es aún más crítica considerando que Brasil, el país anfitrión de la próxima COP30, alberga el 47% de todos los nuevos recursos de petróleo y gas en desarrollo en la región. Esto plantea un dilema para el país, que se encuentra en la primera línea de la lucha contra el cambio climático, mientras que al mismo tiempo se ve impulsado por la necesidad de crecimiento económico y desarrollo.
### Respuestas de las Instituciones Financieras
Ante las críticas, el banco Santander ha defendido su papel en la financiación de proyectos de energía, afirmando que apoya la transición hacia una economía baja en carbono y que ha establecido objetivos de reducción de emisiones para 2030. Sin embargo, la realidad es que la financiación de combustibles fósiles sigue siendo una parte significativa de su cartera de inversiones. La entidad ha argumentado que una transición ordenada y justa depende del crecimiento económico y de marcos normativos que incentiven el cambio hacia energías más sostenibles.
Este dilema entre desarrollo económico y sostenibilidad ambiental es un tema recurrente en la discusión sobre el futuro energético de América Latina. A medida que las comunidades indígenas y los defensores del medio ambiente continúan alzando la voz contra la explotación de sus territorios, la presión sobre las instituciones financieras para que reconsideren sus políticas de inversión se intensifica. La necesidad de un enfoque más equilibrado que contemple tanto el desarrollo económico como la protección del medio ambiente es más urgente que nunca, especialmente en un contexto donde el cambio climático amenaza la vida en el planeta.
