El reciente informe del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa ha puesto de manifiesto la situación crítica en la que se encuentra España en términos de lucha contra la corrupción. A tan solo dos meses y medio de su último informe negativo, el organismo ha vuelto a señalar al Gobierno de Pedro Sánchez por no cumplir con las 19 recomendaciones que se le han hecho desde 2019. Aunque el Gobierno defiende que ha habido avances, la realidad es que el informe destaca que no se ha implementado ninguna de las recomendaciones de forma satisfactoria.
### La Evaluación del GRECO: Un Llamado a la Acción
El informe del GRECO, que actualiza la evaluación de las recomendaciones, indica que de las 19 propuestas, 16 han sido parcialmente implementadas, mientras que en tres de ellas no se ha registrado ningún avance. Esta situación ha llevado al organismo a solicitar un informe detallado sobre los progresos realizados por España antes del 30 de junio de 2026. El Ministerio de Presidencia, liderado por Félix Bolaños, ha intentado destacar el cumplimiento parcial de las recomendaciones, argumentando que se han realizado esfuerzos significativos en el último año. Sin embargo, el GRECO ha lamentado la falta de acciones decisivas y resultados tangibles, subrayando que las evoluciones observadas no son suficientes para satisfacer las exigencias planteadas desde hace seis años.
Entre las recomendaciones que aún no se han abordado se encuentran la necesidad de mejorar la transparencia en la acción de los lobbies, la obligación de que los políticos publiquen sus agendas diarias y el endurecimiento de las restricciones para evitar las ‘puertas giratorias’. Además, el informe hace hincapié en la urgencia de eliminar los aforamientos y de introducir mecanismos que garanticen la transparencia en las decisiones internas de la Policía y la Guardia Civil.
### La Respuesta del Gobierno y la Crítica de la Oposición
A pesar de las críticas del GRECO, el Ministerio de Presidencia ha defendido la aprobación de proyectos de ley que están en tramitación, como el Proyecto de Ley de Transparencia e Integridad de los grupos de interés. Sin embargo, esta norma ha sido objeto de múltiples prórrogas en su plazo de enmiendas, lo que genera dudas sobre su efectividad y la voluntad del Gobierno para implementar cambios significativos en la lucha contra la corrupción.
La oposición, en particular el Partido Popular, ha reaccionado con dureza ante el informe del GRECO. Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, ha calificado el texto de «demoledor», acusando al Gobierno de no cumplir con las recomendaciones sobre corrupción y separación de poderes. Gamarra ha señalado que la política anticorrupción del Gobierno de Sánchez es inexistente y ha criticado la falta de acción para erradicar la corrupción, sugiriendo que el propio Sánchez es un obstáculo para mejorar la transparencia.
El informe del GRECO ha reavivado el debate sobre la corrupción en España y ha puesto de relieve la necesidad de un compromiso más firme por parte del Gobierno para abordar este problema. La falta de avances en la implementación de las recomendaciones plantea serias dudas sobre la efectividad de las políticas anticorrupción del Ejecutivo y su capacidad para generar confianza en la ciudadanía.
La situación actual exige una respuesta contundente y decidida por parte del Gobierno. La lucha contra la corrupción no solo es una cuestión de cumplimiento normativo, sino que también es fundamental para restaurar la confianza de los ciudadanos en las instituciones. La presión de la oposición y de organismos internacionales como el GRECO podría ser el catalizador necesario para que se produzcan cambios significativos en la política anticorrupción en España.
La falta de acción efectiva en este ámbito podría tener repercusiones graves para el Gobierno de Sánchez, especialmente en un contexto político cada vez más polarizado. La ciudadanía está cada vez más consciente de la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas, y espera que sus representantes actúen en consecuencia. El reto es grande, pero la oportunidad de mejorar la situación también lo es. La implementación efectiva de las recomendaciones del GRECO podría ser un paso crucial hacia una España más transparente y libre de corrupción.
