El Gobierno español ha dado un paso significativo en su lucha contra la apología del franquismo al abrir un procedimiento para instar a la ilegalización de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF). Esta decisión, anunciada el 31 de octubre de 2025, marca un hito en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática de 2021, que busca erradicar las manifestaciones de exaltación del régimen franquista en la sociedad española. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha declarado que la fundación representa una «anomalía democrática» que debería haber sido abordada hace décadas.
La apertura del expediente implica que la FNFF ha sido notificada y tiene un plazo de diez días hábiles para presentar alegaciones. Este proceso es crucial, ya que permitirá a un juez evaluar la legalidad de la fundación y decidir sobre su posible extinción. Urtasun ha enfatizado que el ministerio ha actuado con un cumplimiento «escrupuloso» de la legalidad, respaldado por un extenso documento de más de mil páginas que contiene evidencias de que la fundación no cumple con los requisitos establecidos por la ley.
### Fundamentos Legales para la Ilegalización
La Ley de Memoria Democrática establece varios criterios que pueden llevar a la extinción de una fundación. En el caso de la FNFF, se argumenta que no persigue fines de interés general, enaltece el franquismo y menoscaba la dignidad de las víctimas del régimen. Según Urtasun, la fundación reescribe la historia, presentando a las víctimas como culpables, lo que contraviene los principios de la ley.
El proceso de ilegalización se basa en un informe elaborado por la Dirección General de lo Consultivo de la Abogacía General del Estado, que identifica dos causas principales para la extinción de la FNFF. La primera es que la fundación no persigue fines de interés general, y la segunda es que promueve la apología del franquismo, lo que incluye la humillación de las víctimas del régimen. Aunque la FNFF puede presentar su actividad como cultural o histórica, el informe sostiene que su verdadera intención es la difusión de una visión positiva del franquismo, lo que contradice la normativa vigente.
Además, el informe destaca que la fundación mantiene un archivo personal de Francisco Franco y asegura su acceso público, aunque el ministerio considera que este acceso es «opaco». La FNFF también se opone a la Ley de Memoria Histórica, lo que refuerza la argumentación del Gobierno para su ilegalización. La Secretaría de Estado de Memoria Democrática ha recopilado información sobre la fundación, concluyendo que sus fines están fundamentalmente orientados a la promoción de las acciones de Franco.
### Implicaciones y Futuro de la Fundación
El proceso de ilegalización no solo busca cerrar la FNFF, sino también evitar que continúe recibiendo financiación pública y beneficios fiscales. El Gobierno está decidido a proteger los documentos de carácter público que la fundación posee, siguiendo el ejemplo del caso del Pazo de Meirás, donde se tomaron medidas similares para salvaguardar el patrimonio histórico.
El ministro de Cultura ha indicado que, una vez que el juez reciba el expediente, se solicitarán medidas cautelares para impedir que la FNFF destruya pruebas o altere su archivo histórico. Esta acción es fundamental para asegurar que la memoria histórica de España no sea manipulada ni distorsionada por entidades que promueven ideologías contrarias a los valores democráticos.
A pesar de la presión legal, se anticipa que la FNFF intentará encontrar nuevas formas de operar, posiblemente bajo una estructura diferente que le permita continuar con sus actividades. Esto plantea un desafío adicional para el Gobierno, que deberá estar atento a cualquier intento de la fundación de eludir la legislación vigente.
El proceso de ilegalización de la FNFF es un reflejo del compromiso del Gobierno español con la memoria histórica y la justicia social. A medida que avanza este procedimiento, se espera que se generen debates intensos sobre la memoria colectiva de España y el legado del franquismo. La sociedad española se encuentra en un momento crucial, donde la confrontación con su pasado se convierte en un elemento esencial para construir un futuro más inclusivo y democrático.
