La reciente reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que tenía como objetivo discutir la reubicación de menores migrantes en España, no se llevó a cabo debido a la falta de quorum provocada por el boicot de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP). Este evento, que estaba programado para el jueves, se vio frustrado por la decisión de estas comunidades de no participar, alegando que la convocatoria era «ilegal». A pesar de este obstáculo, el Gobierno ha reafirmado su compromiso de seguir adelante con su plan de distribución de hasta 3.900 menores migrantes, comenzando el 28 de agosto, y ha enfatizado que «la ley se va a cumplir«, según declaraciones de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.
El plan del Ejecutivo busca aliviar la presión sobre los recursos en las regiones de llegada, como Canarias, Ceuta y Melilla, donde la situación se ha vuelto insostenible. La ministra Rego ha subrayado que la reubicación es un derecho de los menores y que el Gobierno está decidido a garantizar su acogida digna en otras comunidades autónomas. Para ello, se prevé la aprobación de un reglamento que establecerá los procedimientos necesarios para llevar a cabo esta reubicación, así como un decreto que especificará cuántos menores serán acogidos por cada comunidad.
### La Resistencia del PP y sus Consecuencias
Las comunidades autónomas gobernadas por el PP han manifestado una fuerte oposición a la reubicación de menores migrantes desde el inicio de esta iniciativa. Hasta diez de estas comunidades, junto con Castilla-La Mancha, han presentado recursos ante el Tribunal Constitucional contra el real decreto que establece este mecanismo de reubicación. Este rechazo se ha intensificado con la negativa a participar en la conferencia sectorial, lo que ha llevado al Gobierno a advertir sobre las posibles consecuencias legales por incumplimientos administrativos.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha criticado la postura del PP, afirmando que su boicot no es solo una falta de respeto al Gobierno, sino también a los menores que necesitan ser acogidos. En este contexto, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha acusado a Alberto Núñez Feijóo de adoptar una postura xenófoba y de utilizar a los menores migrantes como un chivo expiatorio en su estrategia política.
El Gobierno ha dejado claro que, independientemente de los recursos presentados por las comunidades, la ley debe cumplirse y que serán los jueces quienes determinen el resultado de estos recursos. Además, se han establecido garantías para asegurar que la reubicación se lleve a cabo, incluyendo la posibilidad de que la Fiscalía de Menores intervenga en caso de que alguna comunidad intente bloquear el proceso.
### Plan de Acción y Recursos Financieros
El plan del Gobierno para la reubicación de menores migrantes incluye una inversión de 100 millones de euros, que se destinarán a facilitar la transición de estos menores a la vida adulta. Este esfuerzo se complementará con la creación de protocolos comunes para las comunidades autónomas, que establecerán estándares mínimos en el sistema de acogimiento residencial para niños, niñas y adolescentes. Estos estándares buscarán mejorar las condiciones de vida de los menores y asegurar que reciban la atención y el apoyo necesarios durante su proceso de integración.
El reglamento que se presentará en el Consejo de Ministros también abordará la necesidad de reducir las ratios de menores por trabajador social, garantizando así una atención más personalizada y efectiva. Este enfoque integral no solo busca cumplir con la ley, sino también asegurar que los derechos de los menores migrantes sean respetados y protegidos en todo momento.
La situación de los menores migrantes en España es un tema complejo y delicado, que requiere un enfoque coordinado y solidario por parte de todas las comunidades autónomas. A medida que se acerca la fecha de inicio de la reubicación, el Gobierno se enfrenta al desafío de implementar su plan en medio de la oposición política y las tensiones regionales. Sin embargo, el compromiso del Ejecutivo de cumplir con la ley y garantizar el bienestar de los menores es un paso crucial hacia la resolución de esta crisis humanitaria.
