La reciente declaración del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto en el centro del debate la problemática de los pisos turísticos ilegales en España. Con un total de 53.000 propiedades identificadas como irregulares, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha tomado medidas drásticas, ordenando a plataformas digitales como Airbnb y Booking que eliminen estos anuncios de sus portales. Este movimiento busca regularizar el sector y garantizar que las viviendas se incorporen al mercado de alquiler residencial, un objetivo que ha generado tanto apoyo como críticas.
### La Distribución de Pisos Turísticos Ilegales
Según los datos proporcionados por el Ministerio, el 77% de los pisos turísticos ilegales se concentran en cuatro comunidades autónomas: Andalucía, Canarias, Catalunya y la Comunitat Valenciana. En Andalucía, se han detectado 16.740 pisos irregulares, mientras que en Canarias hay 8.698, Catalunya cuenta con 7.729 y la Comunitat Valenciana con 7.499. Las ciudades más afectadas son Sevilla, Marbella y Barcelona, con 2.289, 1.802 y 1.564 pisos ilegales respectivamente. Otras localidades turísticas como Málaga, Madrid y Benalmádena también figuran en la lista, lo que pone de manifiesto la magnitud del problema en áreas con alta demanda turística.
El registro de estos pisos es obligatorio desde el 1 de julio, pero muchos propietarios no han cumplido con los requisitos legales necesarios para obtener el número de registro. Esto ha llevado a que el Colegio de Registradores revocara solicitudes debido a datos incompletos o no conformes a la normativa vigente. Aunque esta revocación no implica sanciones inmediatas, sí obliga a las plataformas a retirar los anuncios de estas propiedades, lo que podría tener un impacto significativo en el mercado de alquiler.
### Retos y Oportunidades en el Mercado de Alquiler
El objetivo del Gobierno es que estas viviendas irregulares se integren en el mercado de alquiler residencial. Para ello, se han implementado bonificaciones fiscales y ayudas para el alquiler a largo plazo. Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, ha destacado la importancia de facilitar la transición de estos pisos hacia un uso más sostenible y regulado. Sin embargo, la respuesta de los propietarios ha sido variada. Muchos son reacios a alquilar a largo plazo debido a preocupaciones sobre impagos y la rentabilidad de sus inversiones.
Arantxa Goenaga, abogada del despacho AF Legis, ha señalado que muchos propietarios prefieren mantener sus propiedades cerradas o incluso venderlas, en lugar de arriesgarse a alquilar a largo plazo. Esta situación plantea un dilema: mientras el Gobierno busca regularizar el sector y ofrecer soluciones habitacionales, los propietarios se enfrentan a un mercado que puede no ser tan atractivo como el alquiler turístico.
Desde que se implementó el registro único del alquiler el 1 de enero, se han recibido 336.497 solicitudes, de las cuales el 78,75% corresponden a alquileres de uso turístico. Sin embargo, el 20,3% de estas solicitudes han sido revocadas, lo que indica que hay un gran número de propiedades que no cumplen con la legalidad. En la Comunidad de Madrid, la situación es aún más preocupante, ya que el 83% de las solicitudes se han presentado como temporales, lo que complica aún más la regulación del sector.
La situación actual de los pisos turísticos ilegales en España es un reflejo de un mercado en transformación. Mientras el Gobierno intenta implementar medidas que beneficien a la comunidad y regulen el sector, los propietarios deben considerar cuidadosamente sus opciones. La presión para cumplir con la normativa y la incertidumbre sobre la rentabilidad del alquiler a largo plazo son factores que complican la situación. A medida que se avanza en la regulación, será crucial encontrar un equilibrio que beneficie tanto a los propietarios como a los inquilinos, garantizando un acceso justo a la vivienda en un mercado cada vez más competitivo.
