El gasto en publicidad institucional del Gobierno ha sido un tema de debate y controversia en los últimos años. Según un informe reciente, el Gobierno español invirtió 70,43 millones de euros en publicidad durante el año 2024, lo que representa solo el 50,9% del presupuesto previsto en el Plan de Publicidad y Comunicación Institucional. Este informe, aprobado por el Consejo de Ministros, revela que se llevaron a cabo 108 campañas, de las cuales 20 superaron el millón de euros en inversión. Sin embargo, la falta de transparencia en la asignación de estos fondos ha generado críticas y acusaciones de manipulación.
La campaña más costosa fue la de «divulgación de la seguridad vial» de la Dirección General de Tráfico, que tuvo un coste de 10,2 millones de euros. A pesar de la considerable inversión, el número de campañas contratadas fue significativamente menor al programado, lo que plantea preguntas sobre la eficacia y la planificación del gasto público. El departamento de Transición Ecológica lideró en número de campañas, seguido por Cultura y Agricultura, Pesca y Alimentación.
### La Falta de Transparencia en la Asignación de Fondos
Uno de los aspectos más criticados del informe es la omisión de los criterios de adjudicación de cada campaña y la falta de información sobre qué medios fueron seleccionados para cada una de ellas. Esta carencia ha llevado a las agencias de publicidad a acusar al Gobierno de manipular la publicidad institucional, favoreciendo a medios afines y cancelando contratos con aquellos que son críticos. Esta situación plantea serias dudas sobre la imparcialidad en la distribución de los recursos públicos destinados a la comunicación.
La falta de transparencia se agrava por el hecho de que no se publica la inversión realizada en cada medio de comunicación. Esta información es crucial para entender cómo se distribuyen los fondos públicos y para garantizar que todos los medios tengan una oportunidad justa de acceder a la publicidad institucional. A pesar de las demandas del Gobierno por mayor transparencia en los medios, su propia gestión de la publicidad institucional parece contradecir estos principios.
### Nuevas Normativas y el Registro de Medios
Ante las crecientes críticas, el Gobierno ha anunciado la creación de un registro de medios y una nueva normativa que obligará a las cabeceras a hacer públicos los nombres de sus accionistas y el dinero que reciben de cada administración pública. Esta medida busca aumentar la transparencia y la competencia justa entre los medios, aunque muchos se preguntan si será suficiente para abordar las preocupaciones existentes.
Además, se prevé la aprobación de una nueva Ley de Publicidad Institucional que establecerá nuevos criterios para la distribución de fondos y exigencias para acceder a ellos. Esta ley también tiene como objetivo limitar la «publicidad estatal» a la que se puede acceder, estableciendo un porcentaje máximo sobre los ingresos de los medios. Sin embargo, estas medidas podrían poner en riesgo el ecosistema mediático, ya que dejarían en manos de los responsables políticos el control sobre el reparto de la publicidad institucional.
La situación se complica aún más con la denuncia presentada ante la ONU por un medio que afirma haber sido «castigado» por el Gobierno con una drástica disminución de la inversión publicitaria tras publicar investigaciones sobre corrupción que involucran a altos funcionarios. Este tipo de acciones no solo socavan la confianza en el sistema, sino que también plantean serias preguntas sobre la libertad de prensa y la independencia de los medios de comunicación en España.
En resumen, el gasto en publicidad institucional del Gobierno español y la falta de transparencia en su gestión han suscitado un amplio debate sobre la ética y la responsabilidad en el uso de fondos públicos. A medida que se implementan nuevas normativas, será crucial observar si realmente se logra una mayor transparencia y equidad en la distribución de la publicidad institucional, o si las prácticas actuales continuarán perpetuándose.
