El caso de Juana Rivas ha captado la atención mediática y social en España, especialmente en las últimas 72 horas, donde se ha intensificado la discusión sobre la entrega de su hijo menor, Daniel Arcuri, al padre, Francesco Arcuri. Este proceso, que se lleva a cabo en el Punto de Encuentro Familiar (PEF) de Granada, ha estado marcado por la controversia y la preocupación por el bienestar del menor, quien ha expresado su miedo ante la situación. La entrega, que se enmarca en una orden judicial italiana, ha suscitado un debate sobre los derechos de los menores y la intervención de las autoridades en casos de presunto maltrato.
La situación se ha vuelto más compleja debido a las declaraciones de Daniel, quien, acompañado por su madre y su hermano mayor, ha manifestado su temor a regresar con su padre. Durante la entrega, el menor gritó frases como «me va a matar», lo que ha llevado a cuestionar la idoneidad de la entrega en estas circunstancias. La jueza de Instrucción número 3 de Granada decidió aplazar la entrega, lo que ha generado un clima de incertidumbre y tensión entre las partes involucradas.
### El Rol de los Puntos de Encuentro Familiar
Los Puntos de Encuentro Familiar son espacios diseñados para facilitar el contacto entre menores y sus progenitores en situaciones de conflicto. En este caso, el PEF de Granada ha sido el escenario de un reencuentro que, lejos de ser un momento de reconciliación, se ha convertido en un evento mediático. La presencia de cámaras y la cobertura en directo han transformado el PEF en un plató de televisión, lo que ha suscitado críticas sobre la falta de privacidad y el impacto en el menor.
La Junta de Andalucía, responsable de la gestión de estos puntos, ha defendido su papel, afirmando que su función es garantizar el derecho de los menores a relacionarse con sus padres. Sin embargo, la presión sobre la Junta ha aumentado, especialmente tras las declaraciones de la madre y las preocupaciones sobre el bienestar emocional de Daniel. La legislación andaluza, específicamente el decreto 79/2014, establece que los PEF pueden suspender encuentros si existe riesgo para la integridad física o psíquica del menor. Esto ha llevado a algunos a cuestionar si la Junta tiene la autoridad para intervenir en este caso y si debería haber tomado medidas más contundentes para proteger a Daniel.
### La Intervención del Gobierno y las Denuncias de Maltrato
En medio de esta situación, el equipo jurídico de Juana Rivas ha solicitado la intervención del Ministerio de Justicia, argumentando que la entrega debería ser suspendida hasta que se resuelva un juicio por presunto maltrato contra Francesco Arcuri, programado para septiembre en Italia. Sin embargo, el Ministerio ha aclarado que no existe base legal para activar esta vía, ya que debe ser un órgano judicial competente quien lo solicite.
La situación se complica aún más con las cartas que Daniel ha enviado a organizaciones internacionales como Naciones Unidas y Amnistía Internacional, donde denuncia agresiones físicas y amenazas por parte de su padre. Estas denuncias han elevado la preocupación por su seguridad y han llevado a la ministra de Infancia a anunciar que una representante del Gobierno acompañará al menor durante la entrega.
La Audiencia de Granada también ha admitido parcialmente un recurso presentado por Arcuri, lo que añade otra capa de complejidad al caso. La decisión de investigar a Rivas por no facilitar la entrega del menor ha generado un clima de tensión y desconfianza entre las partes, complicando aún más la situación.
El caso de Juana Rivas no solo pone de manifiesto las dificultades en la aplicación de las resoluciones judiciales internacionales, sino que también plantea preguntas sobre el interés superior del menor en situaciones de conflicto familiar. La presión sobre la justicia española para equilibrar los derechos de Daniel frente a las acusaciones de maltrato de su padre y las exigencias de la justicia italiana es palpable. Este caso, que ha estado en el centro de la atención pública durante casi una década, continúa siendo un ejemplo de las complejidades que enfrentan los sistemas judiciales al tratar de proteger a los menores en situaciones de riesgo.
