El caso de Albert López, exagente de la Guardia Urbana de Barcelona, ha captado la atención del público no solo por su naturaleza criminal, sino también por las implicaciones legales y sociales que ha generado. López, condenado por el asesinato de Pedro R., ha comenzado a recibir permisos penitenciarios tras cumplir más de una cuarta parte de su condena. Este artículo explora los detalles de su situación actual, así como las reacciones que ha suscitado en la sociedad y en las instituciones.
### Permisos Penitenciarios y Tratamiento en Prisión
Albert López fue condenado a 20 años de prisión por el asesinato de su expareja, Pedro R., un caso que se ha convertido en un fenómeno mediático en España. Desde su detención en 2017, el caso ha sido objeto de libros, documentales y hasta una serie de Netflix, lo que ha mantenido el interés público en su desarrollo. En junio de 2025, López obtuvo su primer permiso de salida de prisión, autorizado por la Junta de Tratamiento, tras haber completado un programa específico de tratamiento para delitos violentos y haber cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento penitenciario.
El sistema penitenciario español permite a los internos solicitar permisos de salida bajo ciertas condiciones, como buena conducta y la realización de programas de reinserción. En el caso de López, su participación en un programa de tratamiento ha sido clave para la obtención de estos permisos. Sin embargo, su camino hacia la reinserción no ha estado exento de controversia. A pesar de haber negado su culpabilidad durante el juicio, López ha reconocido su participación en el crimen para poder acceder a estos beneficios, lo que ha generado un debate sobre la ética de su confesión y la naturaleza de su condena.
Por otro lado, Rosa Peral, la amante de López y coautora del crimen, ha solicitado permisos penitenciarios en varias ocasiones, aunque hasta ahora le han sido denegados. La defensa de Peral está trabajando en la anulación de su condena de 25 años, argumentando que ha cumplido con los requisitos necesarios para su reinserción. La situación de ambos condenados plantea preguntas sobre la equidad del sistema penitenciario y la forma en que se manejan los casos de delitos violentos.
### La Revocación de la Medalla de Honor
Un aspecto adicional que ha generado controversia es la decisión del Ayuntamiento de Barcelona de iniciar el procedimiento para revocar la medalla de honor al mérito que se le otorgó a Rosa Peral en 2013. Esta medalla fue concedida cuando Peral aún era agente de la Guardia Urbana, pero su condena por el asesinato de su pareja ha llevado a las autoridades a reconsiderar este reconocimiento. La decisión fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Presidencia, Seguridad y Régimen Interior del Ayuntamiento, y se espera que sea ratificada en el pleno.
El teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, ha declarado que la condena de Peral es contraria al honor y la dignidad individual, así como a los derechos fundamentales. Esta medida refleja un esfuerzo por parte de las instituciones para distanciarse de los actos delictivos de sus exmiembros y proteger la imagen de la Guardia Urbana y del Ayuntamiento de Barcelona. La revocación de la medalla no solo es un acto simbólico, sino que también busca enviar un mensaje claro sobre la intolerancia hacia la violencia y el crimen dentro de las fuerzas de seguridad.
La situación de López y Peral ha suscitado un amplio debate en la sociedad sobre la justicia, la reinserción y el papel de las instituciones en la gestión de casos de alto perfil. La atención mediática y pública que rodea este caso plantea interrogantes sobre cómo se perciben los delitos violentos y cómo se manejan las consecuencias legales y sociales de estos actos. A medida que ambos condenados continúan su proceso de reinserción, la sociedad observa con interés y preocupación el desarrollo de sus historias, que son un reflejo de las complejidades del sistema judicial y penitenciario en España.
