El embalse de Alcollarín, ubicado en la provincia de Cáceres, ha sido objeto de un controvertido proceso de vaciado que ha generado un gran malestar entre los habitantes de la zona y los colectivos ambientalistas. Este embalse, que había sido presentado como un atractivo turístico y un refugio para la fauna, se ha convertido en un lodazal lleno de peces muertos tras la intervención de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) para erradicar una especie invasora. La situación ha suscitado preocupaciones sobre el impacto ecológico y social de esta decisión.
La CHG inició el vaciado del embalse con el objetivo de eliminar la especie invasora conocida como Pseudorasbora parva, o pez chino, que había colonizado el 95% de las aguas del embalse. Este pez, que llegó al río Alcollarín en 2010, se ha convertido en una amenaza para las especies autóctonas, ya que porta un parásito que inhibe la reproducción de otros ciprínidos. Sin embargo, el proceso de vaciado ha sido criticado por los vecinos y expertos, quienes argumentan que la forma en que se llevó a cabo ha causado un daño ecológico aún mayor.
El alcalde de Alcollarín, Juan Salvador Calzas, ha expresado su asombro ante la situación, comparando el vaciado del embalse con la idea de quemar un parque natural por un exceso de hierbas. La liberación de 50.000 millones de litros de agua ha permitido que la especie invasora se propague a los ríos cercanos, lo que ha llevado a la muerte de numerosos peces autóctonos y ha afectado gravemente a la fauna local. Los vecinos han denunciado el «olor nauseabundo» que emana del embalse vacío y la imposibilidad de disfrutar de actividades recreativas y turísticas en la zona.
A pesar de las críticas, la CHG defiende que el vaciado y las acciones realizadas están dentro de un plan coordinado por un equipo de biólogos y expertos en medio ambiente. La intervención cuenta con un presupuesto de 788.000 euros y se formalizó en julio de 2024, con un plazo de ejecución de 30 meses. La CHG sostiene que la limpieza del embalse es crucial para su futura utilización, ya que se prevé una conexión con el Canal de Orellana, y que sin estas medidas, el embalse no podría ser utilizado para riego ni actividades recreativas.
Sin embargo, la realidad en el terreno es alarmante. La mortandad de peces ha sido evidente, y aunque la CHG asegura que se han realizado despesques para rescatar a las especies autóctonas, muchos peces han muerto debido a la bajada del nivel del agua y el aumento de las temperaturas. La situación ha llevado a que el embalse, que antes era un atractivo turístico, se haya convertido en un ecosistema devastado.
La respuesta de los colectivos naturalistas ha sido contundente. Paco Castañares, presidente de la Asociación Extremeña de Empresas Forestales y Medio Ambiente, ha calificado la actuación del Ministerio de Transición Ecológica y la CHG como «bárbara y torpe», argumentando que se han destruido los aspectos positivos que ofrecía el embalse. La Ley de Conservación de la Naturaleza prohíbe el uso de métodos masivos y no selectivos para el control de poblaciones de fauna silvestre, lo que ha llevado a cuestionar la legalidad de las acciones emprendidas.
Ecologistas en Acción también ha manifestado su preocupación por la situación actual del embalse. Aunque reconocen que el estado en que se encuentra era previsible, han solicitado que se incluya el asunto en la agenda del próximo Consejo de Pesca para que se den explicaciones sobre la muerte de peces autóctonos. La comunidad local, que había comenzado a ver en Alcollarín un destino turístico prometedor, ahora se enfrenta a un panorama desolador, donde los pescadores han perdido su fuente de ingresos y los touroperadores han visto frustradas sus expectativas.
El malestar ciudadano ha llevado al Ayuntamiento de Alcollarín a enviar una carta a la CHG pidiendo explicaciones sobre el proceso de vaciado. Aunque el alcalde ha descartado acciones legales por el momento, espera que la CHG reconozca su error y trabaje en la restauración del ecosistema. La situación actual plantea serias dudas sobre la gestión de los recursos hídricos y la protección del medio ambiente en la región, y pone de relieve la necesidad de un enfoque más equilibrado y sostenible en la conservación de los ecosistemas acuáticos.
