La implementación de dispositivos telemáticos para la protección de víctimas de violencia de género ha generado un intenso debate en España. Las pulseras antimaltrato, diseñadas para monitorear a los agresores y garantizar la seguridad de las víctimas, han sido objeto de críticas debido a fallos técnicos y a la falta de efectividad en su uso. La Fiscalía de Girona ha sido una de las voces más críticas, señalando que los errores en estos dispositivos han llevado a una serie de sobreseimientos y absoluciones en casos de violencia machista.
### Fallos Técnicos y Consecuencias Legales
La Memoria de la Fiscalía General ha puesto de manifiesto que tras la migración a nuevos aparatos, muchos incidentes relevantes no fueron registrados, lo que ha afectado negativamente a los procesos judiciales. Las autoridades han indicado que, aunque las pulseras son útiles, existen serias limitaciones en su funcionamiento. Por ejemplo, la distancia mínima de 500 metros que debe mantenerse entre el agresor y la víctima es difícil de cumplir en áreas rurales, donde la cobertura de red es insuficiente. Además, los retrasos en la resolución de incidencias han generado ansiedad en las víctimas, algunas de las cuales han solicitado la retirada de estos dispositivos.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha defendido la eficacia de las pulseras, asegurando que las víctimas siempre han estado protegidas. Sin embargo, la oposición ha criticado al Gobierno por lo que consideran una falta de sensibilidad hacia las mujeres maltratadas. El Partido Popular ha calificado la situación de “negligencia”, mientras que el partido Sumar ha exigido la comparecencia de la ministra en el Congreso para abordar este asunto.
### La Realidad en Girona y Catalunya
Girona se encuentra en una situación preocupante en cuanto a la implementación de estas pulseras. Con solo ocho dispositivos activos en toda la provincia y un total de 89 en Catalunya, en comparación con las 1.658 pulseras en Andalucía, la falta de recursos y atención a la violencia de género es evidente. La memoria fiscal también destaca que en los casos más graves, la prisión provisional debe ser la medida prioritaria cuando no se puede garantizar la seguridad de la víctima.
Los datos revelan que en el primer trimestre del año, se solicitaron 119 órdenes de protección en Girona, de las cuales el 62,18% fueron denegadas. Esto plantea serias dudas sobre la efectividad del sistema judicial en la protección de las víctimas de violencia machista. Las cifras indican que, a pesar de las solicitudes, muchas mujeres no reciben la protección que necesitan, lo que podría estar contribuyendo a un ambiente de desconfianza hacia las instituciones encargadas de su seguridad.
### Reacciones de las Empresas Involucradas
Vodafone España, que junto a Securitas gestiona el sistema de seguimiento por un contrato de 42,6 millones de euros, ha reconocido la existencia de fallos en las pulseras. La empresa ha solicitado a su proveedor, Oysta Spain, la fabricación de dispositivos con mayor resistencia al agua, tras detectar que algunos usuarios sumergían las pulseras durante largos periodos, lo que afectaba su funcionamiento. A pesar de que Vodafone defiende que estos dispositivos están certificados en la Unión Europea y cuentan con tecnología avanzada, la realidad de su uso ha dejado mucho que desear.
La polémica en torno a las pulseras antimaltrato ha puesto de relieve la necesidad de una revisión exhaustiva de los protocolos de seguridad y de la tecnología utilizada. Las críticas no solo provienen de las víctimas y sus defensores, sino también de los propios técnicos que operan estos dispositivos, quienes han señalado que la falta de formación y recursos adecuados limita su capacidad para ofrecer un servicio efectivo.
### La Necesidad de una Revisión Integral
La situación actual exige una respuesta coordinada y efectiva por parte de las autoridades. Es fundamental que se realicen mejoras en la tecnología de las pulseras, así como en la formación de los profesionales encargados de su gestión. Además, es crucial que se establezcan protocolos claros para garantizar que las víctimas de violencia de género reciban la protección que necesitan sin demoras ni obstáculos.
La implementación de medidas efectivas no solo es una cuestión de justicia, sino también de dignidad y respeto hacia las víctimas. La sociedad debe exigir un compromiso real por parte de las instituciones para garantizar que la violencia de género sea erradicada y que las víctimas reciban el apoyo necesario para reconstruir sus vidas. La lucha contra la violencia machista es una responsabilidad compartida que requiere la colaboración de todos los sectores de la sociedad.
