La reciente Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia ha puesto de manifiesto las tensiones entre el Gobierno español y las comunidades autónomas en relación con la reubicación de menores migrantes. Este encuentro, que se llevó a cabo en Madrid, se centró en la implementación de un plan que busca establecer criterios comunes para la atención y acogida de estos menores, quienes provienen principalmente de Canarias, Ceuta y Melilla. Sin embargo, la oposición de varias comunidades ha complicado el proceso, generando un ambiente de desacuerdo y desconfianza.
### La Reubicación de Menores Migrantes: Un Proceso Controversial
El plan del Gobierno tiene como objetivo principal la creación de un sistema estandarizado para la atención de menores migrantes, que incluye la reducción de las ratios de menores por trabajador social y la promoción de casas de acogida en lugar de los denominados «macrocentros». Este enfoque busca mejorar la calidad del sistema de protección infantil en España, garantizando que cada menor reciba la atención adecuada.
Sin embargo, la comunidad autónoma de Euskadi ha expresado su firme oposición a este decreto, argumentando que no solo se trata de un desacuerdo formal, sino que también afecta la confianza en el sistema. Durante la reunión, representantes de Euskadi dejaron claro que su rechazo se basa en preocupaciones sobre la invasión de competencias y el impacto que esto podría tener en la sostenibilidad del sistema de protección infantil.
Además de Euskadi, otras comunidades como Galicia, la Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía han presentado alegaciones al plan del Gobierno. Estas alegaciones abarcan desde la preocupación por la carga económica que podría suponer la creación de nuevas plazas de acogida hasta la contradicción de promover la desinstitucionalización mientras se exige a las comunidades crear miles de nuevas plazas. En total, se estima que se necesitarán alrededor de 6,000 nuevas plazas para acoger a los menores migrantes que se reubicarán en la península.
El ministerio, dirigido por Sira Rego, ha lamentado la falta de diálogo por parte de las comunidades del Partido Popular (PP), quienes, a pesar de participar en el debate enviando sus aportaciones, se niegan a discutir el tema en la Conferencia Sectorial. Esta situación ha llevado al ministerio a retirar algunos puntos del orden del día, aunque se asegura que el proceso seguirá su curso.
### Nuevas Transferencias y Mecanismos de Coordinación
En medio de este contexto de desacuerdo, el Gobierno ha anunciado una nueva transferencia de 13 millones de euros a las comunidades de Canarias, Ceuta y Melilla, que se encuentran en situación de contingencia migratoria. Esta transferencia se suma a los 22 millones acordados en una reunión anterior, lo que refleja la urgencia de abordar la situación de los menores migrantes.
El real decreto que se está preparando no solo busca establecer protocolos comunes, sino que también incluye un régimen sancionador para las comunidades que no cumplan con los nuevos requisitos. Esto implica que las comunidades deberán informar al Estado sobre las inspecciones realizadas en los centros de acogida, lo que podría generar tensiones adicionales entre las administraciones.
El objetivo del Gobierno es garantizar que todos los menores migrantes reciban una atención adecuada y que se cumplan los estándares mínimos en cuanto a infraestructuras y formación de los trabajadores sociales. Sin embargo, la resistencia de varias comunidades a aceptar estos cambios pone en riesgo la implementación efectiva del plan.
La situación actual refleja un panorama complejo en el que la necesidad de proteger a los menores migrantes se enfrenta a las realidades políticas y administrativas de las comunidades autónomas. La falta de consenso y la desconfianza entre las partes involucradas podrían obstaculizar los esfuerzos por mejorar el sistema de acogida en España, lo que a su vez podría tener un impacto negativo en la vida de miles de menores que buscan un lugar seguro donde vivir.
A medida que avanza el proceso de reubicación, será crucial que el Gobierno y las comunidades encuentren un terreno común que permita abordar las preocupaciones de todas las partes y, al mismo tiempo, garantizar el bienestar de los menores migrantes. La colaboración y el diálogo serán esenciales para superar los desafíos que se presentan en este ámbito, y para asegurar que se implementen soluciones efectivas y sostenibles a largo plazo.
