La reciente crisis en el sistema de salud andaluz ha llevado a la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández, un hecho que ha sacudido el panorama político en la comunidad autónoma. Esta situación se ha desencadenado por los fallos en el cribado de cáncer de mama, lo que ha generado una ola de críticas y protestas tanto en la sociedad como en el ámbito político. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha aceptado la dimisión de Hernández y ha anunciado una reestructuración profunda del sistema sanitario, justo en un momento crítico, ya que se acercan las elecciones autonómicas de 2026.
La crisis comenzó a tomar forma cuando se empezaron a recibir testimonios de mujeres que experimentaron retrasos en el acceso a información y tratamientos tras mamografías con resultados no concluyentes. La falta de respuesta adecuada por parte de la consejera fue un factor determinante que llevó a la presión social y política. En una comparecencia pública, Moreno expresó su preocupación por la falta de información interna sobre la gravedad del problema y la falta de empatía en la respuesta inicial de Hernández. Esta situación ha sido calificada como la mayor crisis que ha enfrentado el presidente desde su llegada al cargo.
La gestión de la crisis ha sido complicada. Aunque Rocío Hernández asumió el cargo con una trayectoria profesional sólida, su gestión ha sido cuestionada. La falta de una respuesta rápida y efectiva ante los fallos en el sistema de cribado ha llevado a un aumento en la tensión social y política. Las protestas han crecido, y el gobierno ha tenido que trazar una estrategia para abordar la situación. Se ha establecido un diagnóstico del alcance real de los fallos, que afecta a aproximadamente 2,000 mujeres, de las cuales 1,800 están vinculadas al Hospital Virgen del Rocío.
El plan de acción del gobierno incluye la ejecución de un plan de choque que contempla el refuerzo de personal, cambios en los protocolos sanitarios y una revisión exhaustiva de todas las personas afectadas. Sin embargo, la presión social y política ha obligado a Moreno a acelerar el proceso y a tomar decisiones drásticas, como la dimisión de la consejera. En su mensaje a la ciudadanía, el presidente ha pedido disculpas a las mujeres afectadas y ha intentado calmar los ánimos, asegurando que la sanidad pública andaluza cuenta con excelentes profesionales y que se seguirá apostando por ella.
La salida de Rocío Hernández no solo ha sido un cambio en el gabinete, sino que también ha desatado una serie de reacciones en el ámbito social. La presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla, Ángela Claverol, ha criticado la tardanza en la dimisión de la consejera, afirmando que debió irse desde el primer momento. Esta opinión refleja el sentir de muchas mujeres que han sido afectadas por la crisis y que han estado al frente de las protestas. La ministra de Sanidad también ha hecho eco de la situación, pidiendo una revisión completa del modelo de cribado de cáncer en Andalucía y solicitando informes de los últimos cinco años.
La crisis en la sanidad andaluza no solo ha puesto en jaque al gobierno regional, sino que también ha generado un debate más amplio sobre la gestión de la salud pública en España. La falta de confianza en el sistema sanitario puede tener repercusiones a largo plazo, especialmente en un contexto donde la salud es un tema prioritario para la ciudadanía. La respuesta del gobierno y las acciones que se tomen en los próximos meses serán cruciales para restaurar la confianza y asegurar que situaciones como esta no se repitan en el futuro.
La situación actual pone de manifiesto la necesidad de una gestión más efectiva y transparente en el ámbito de la salud pública. La crisis del cribado de cáncer de mama ha sido un punto de inflexión que ha llevado a la dimisión de una figura clave en el gobierno andaluz, y es un recordatorio de que la salud de la población debe ser siempre una prioridad. A medida que se avanza hacia las elecciones autonómicas, será fundamental observar cómo el gobierno maneja esta crisis y qué medidas implementa para garantizar la seguridad y el bienestar de las mujeres afectadas y de la población en general.
