La reciente reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrada en Zaragoza, ha estado marcada por una notable tensión entre los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP) y la ministra de Sanidad, Mónica García. Este encuentro, que se esperaba como un espacio de diálogo y colaboración, se transformó en un escenario de confrontación política tras la decisión de los consejeros del PP de abandonar la sesión en señal de protesta.
La controversia se desató cuando la ministra García solicitó a las comunidades autónomas datos sobre los programas de cribado de cáncer de mama, colon y cérvix. Esta solicitud se produjo en un contexto de preocupación por los fallos en el programa de cribado en Andalucía, lo que llevó a la ministra a exigir transparencia y responsabilidad en la gestión de la salud pública. Sin embargo, los consejeros del PP consideraron la petición como un acto de «partidismo» y «sectarismo», argumentando que el Ministerio no había proporcionado un sistema informático adecuado para la recopilación y envío de datos.
### La Reacción de los Consejeros del PP
El plantón de los consejeros del PP fue una respuesta contundente a lo que ellos consideran una falta de respeto hacia el diálogo interterritorial. Aseguraron que la ministra estaba rompiendo la esencia del Consejo Interterritorial, que debería basarse en acuerdos compartidos y no en imposiciones. En su declaración, los consejeros enfatizaron que el Ministerio de Sanidad debería convocar reuniones extraordinarias para abordar discrepancias técnicas en lugar de imponer decisiones de manera autoritaria.
La ministra García, por su parte, no tardó en responder a las críticas. En su intervención, afirmó que escudarse en la falta de herramientas informáticas en 2025 era una «excusa barata» para no proporcionar datos a la ciudadanía. Subrayó que la información solicitada no pertenece a las comunidades, sino a la población, que tiene derecho a conocer la situación de los programas de salud que les afectan directamente. Esta afirmación resuena en un contexto donde la confianza de la ciudadanía en las instituciones de salud es crucial, especialmente en tiempos de crisis sanitaria.
La ministra también abordó la posibilidad de que el abandono del pleno pudiera interpretarse como un sabotaje. Aclaró que este acto no solo perjudica al Ministerio, sino que afecta a la transformación y mejora del Sistema Nacional de Salud, que debería ser un objetivo común de todas las comunidades autónomas.
### Consecuencias del Plantón
El gesto de deslealtad institucional por parte de los consejeros del PP fue lamentado por el Ministerio de Sanidad, que destacó que esta acción impidió la votación de dos acuerdos importantes. Uno de ellos consistía en la distribución de un millón de euros para centros dedicados al abordaje del cáncer, y el otro, en el refuerzo de la vigilancia epidemiológica del cáncer. Desde el Ministerio, se calificó esta actitud como una «irresponsabilidad» que bloquea recursos esenciales para la sanidad pública.
Este episodio pone de manifiesto la creciente polarización política en torno a la gestión de la salud pública en España. La falta de consenso y colaboración entre las diferentes administraciones puede tener repercusiones negativas en la atención sanitaria y en la confianza de la ciudadanía en el sistema. La situación actual exige un enfoque más colaborativo y menos confrontativo, donde el bienestar de la población sea la prioridad.
A medida que la crisis sanitaria y los desafíos en la gestión de la salud continúan, es fundamental que los líderes políticos encuentren formas de trabajar juntos, superando las diferencias partidistas en beneficio de la salud pública. La transparencia y la comunicación efectiva son claves para restaurar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones de salud, y es responsabilidad de todos los actores involucrados garantizar que se priorice el interés general sobre las disputas políticas.
