La reciente propuesta del gobierno municipal de Barcelona, liderado por el alcalde Jaume Collboni, de adquirir pistolas eléctricas para la Guardia Urbana ha generado un intenso debate político y social. La compra de estas armas, conocidas como pistolas Táser, se encuentra en el centro de una controversia que involucra a varios partidos políticos, sindicatos policiales y organizaciones de derechos humanos. A medida que se acerca la fecha de votación en el pleno municipal, las posturas se han polarizado, lo que plantea interrogantes sobre la seguridad y la regulación del uso de estas armas en la ciudad.
**El Protocolo de Uso y la Resistencia Política**
El protocolo que regula la adquisición y el uso de las pistolas eléctricas ha sido objeto de críticas por parte de varios grupos políticos. El PSC, que apoya la compra, se ha encontrado solo en la comisión municipal de presidencia, mientras que partidos como Junts, PP y Vox han decidido abstenerse de votar hasta el pleno del 27 de junio. Por otro lado, Barcelona en Comú y ERC han manifestado su oposición, argumentando que la propuesta no aborda adecuadamente las preocupaciones sobre el uso de estas armas.
Uno de los puntos más controvertidos es la cantidad de pistolas que se planea adquirir. Con solo 22 unidades para un cuerpo de más de 3,000 policías, muchos consideran que esta cifra es insuficiente. Jordi Martí, concejal de Junts, ha criticado la falta de ambición del gobierno, sugiriendo que la escasa cantidad de armas podría llevar a una mala implementación y a un uso inadecuado. Además, ha señalado que no se ha tenido en cuenta la opinión de los sindicatos policiales, quienes han expresado su descontento durante las discusiones en el ayuntamiento.
Desde el lado del PSC, Juan Milián del PP ha defendido la adquisición, argumentando que las pistolas eléctricas son herramientas disuasorias que pueden salvar vidas. Sin embargo, ha enfatizado que es crucial que estas armas estén disponibles en todas las patrullas y no solo en las comisarías, como se ha propuesto. Esta falta de consenso entre los partidos políticos refleja una división más amplia sobre cómo abordar la seguridad pública en Barcelona.
**Preocupaciones sobre el Uso y la Regulación**
Las preocupaciones sobre el uso de las pistolas eléctricas no se limitan a la cantidad adquirida. Los partidos de la oposición han planteado serias dudas sobre las regulaciones propuestas, especialmente en relación con su uso en menores y personas vulnerables. Marc Serra de Barcelona en Comú ha criticado la decisión de permitir que las pistolas se utilicen en personas a partir de los 14 años, argumentando que esto podría tener consecuencias graves, especialmente en situaciones de crisis. Además, ha señalado que la propuesta no incluye restricciones adecuadas para su uso en personas bajo los efectos de drogas o con problemas de salud mental.
Por su parte, el concejal de ERC, Jordi Coronas, ha expresado su preocupación por la falta de garantías en el reglamento, sugiriendo que la edad mínima para el uso de las pistolas eléctricas debería ser revisada. La idea de que una persona joven pueda ser objeto de una descarga eléctrica plantea serias cuestiones éticas y de seguridad, lo que ha llevado a un llamado a una revisión más exhaustiva del protocolo.
El teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, ha defendido el reglamento, afirmando que ha sido objeto de un extenso debate y que se basa en experiencias internacionales y recomendaciones de organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, la oposición continúa cuestionando la efectividad y la ética de la implementación de estas armas en un entorno urbano como Barcelona.
La situación se complica aún más con la reciente negativa de todos los partidos de la oposición a votar a favor de la entrega de medallas de honor a agentes policiales, lo que indica una falta de confianza en la gestión actual de la seguridad en la ciudad. Las dudas sobre la idoneidad de ciertos agentes, como el comisario Manuel Rodríguez Jiménez, quien ha sido objeto de investigaciones por presuntos delitos, han alimentado aún más la desconfianza.
A medida que se acerca la votación, la presión sobre el gobierno municipal para abordar estas preocupaciones se intensifica. La adquisición de pistolas eléctricas para la Guardia Urbana no solo es un tema de seguridad, sino que también toca aspectos fundamentales de la ética y la responsabilidad en la gestión de la seguridad pública. La forma en que se resuelva esta controversia podría tener un impacto duradero en la relación entre la policía y la comunidad en Barcelona.
