Cataluña se enfrenta a un reto significativo en su camino hacia la sostenibilidad: reducir en un 34% las emisiones de gases de efecto invernadero del sector transporte antes de 2030. Este objetivo, que forma parte de los compromisos adquiridos con la Unión Europea, es crucial para alcanzar la neutralidad climática para 2050. Sin embargo, la situación actual del transporte en la comunidad autónoma es preocupante. Desde 1990, este sector ha visto un aumento de 2,42 millones de toneladas de CO₂ equivalente, lo que lo convierte en el principal desafío para cumplir con los objetivos de reducción de carbono.
La elevada densidad de movilidad en Cataluña, un sistema de transporte de mercancías dependiente de la carretera y una flota de vehículos que aún utiliza combustibles fósiles, son factores que complican la situación. Aunque Cataluña lidera en matriculaciones de vehículos electrificados en comparación con otras regiones de España, solo un 7% de los vehículos en circulación tienen etiqueta «Eco» o «Zero», muy por debajo del 15,6% de nuevas matriculaciones de eléctricos en la Unión Europea. Esta lentitud en la electrificación del parque móvil contrasta con los avances en otros sectores, como la industria, que ha logrado reducir su impacto ambiental gracias a la presión regulatoria y a la adopción de medidas de eficiencia energética.
El transporte, por su parte, ha visto que las iniciativas implementadas hasta ahora, como ayudas al vehículo eléctrico y proyectos piloto de electrificación del transporte público, son insuficientes. La electrificación del parque móvil privado avanza a un ritmo lento, y la intermodalidad con el ferrocarril aún está lejos de alcanzar la meta del 30% del transporte de mercancías por tren. Para abordar esta situación, es esencial utilizar todos los instrumentos disponibles, como el sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE), que permite certificar ahorros energéticos derivados de actuaciones de eficiencia en procesos, instalaciones o vehículos.
Este sistema, gestionado en Cataluña a través del Institut Català d’Energia (ICAEN), transforma los ahorros energéticos en activos negociables que pueden ser vendidos a comercializadoras energéticas. Sin embargo, su implementación en el sector transporte ha sido limitada, con solo 25 actuaciones registradas y un ahorro total de apenas 1 GWh, en comparación con más de 200 actuaciones en el sector industrial que han generado más de 300 GWh de ahorro energético certificado. Este desequilibrio pone de manifiesto una oportunidad desaprovechada en el sector transporte, que podría beneficiarse de medidas como la optimización de rutas logísticas y la renovación de flotas con vehículos eléctricos.
Uno de los principales obstáculos para la adopción de estas medidas es la falta de familiaridad con el funcionamiento del sistema CAE por parte de muchas empresas del sector, especialmente las pequeñas y medianas empresas (pymes) que operan con márgenes estrechos. Por ello, el papel de las administraciones públicas es fundamental, no solo como reguladoras, sino como facilitadoras que simplifiquen trámites y apoyen técnicamente a las empresas interesadas en acogerse al sistema. Además, las entidades especializadas pueden ofrecer apoyo en la búsqueda de compradores y en la preparación de expedientes necesarios para generar ahorros reconocidos.
Para que Cataluña cumpla con los objetivos de reducción de emisiones para 2030, es imperativo que el sector transporte no sea una excepción. Se requieren cambios estructurales y una aceleración en la adopción de mecanismos disponibles, como los Certificados de Ahorro Energético. Aunque estos certificados no resolverán todos los desafíos, pueden ser una herramienta útil para reducir el consumo, optimizar inversiones y generar retornos económicos. La colaboración entre el sector público y privado será clave para transformar el panorama del transporte en Cataluña y avanzar hacia un futuro más sostenible.
