La situación de ocupaciones ilegales en Barcelona ha alcanzado un punto crítico, con el Ayuntamiento identificando un total de 32 propiedades municipales que han sido ocupadas de manera ilegal. Esta cifra fue presentada por el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, durante una comparecencia ante la comisión municipal de presidencia, a raíz de una solicitud del Partido Popular. La creciente preocupación por el aumento de estas ocupaciones ha llevado a un debate intenso sobre la seguridad y la convivencia en la ciudad.
La administración local ha manifestado que los desalojos de espacios públicos ocupados son una prioridad, enfatizando que Barcelona no debe permitir ocupaciones ilegales, especialmente en propiedades de titularidad municipal. En este contexto, Batlle se comprometió a llevar a cabo los desalojos con un enfoque que respete los derechos de las personas afectadas, ofreciendo alternativas habitacionales adecuadas para aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.
### Desalojos Recientes y Estrategias del Ayuntamiento
El Ayuntamiento ha comenzado a implementar medidas concretas para abordar esta problemática. Recientemente, se llevó a cabo el desalojo de aproximadamente 30 personas sin hogar que acampaban en el parque Joan Miró, ubicado en el Eixample. Este desalojo se suma a otro realizado hace unas semanas, donde 56 chatarreros fueron desalojados de una nave en la antigua colonia industrial de La Escocesa, en Poblenou.
Batlle ha detallado que las ocupaciones están distribuidas de manera desigual por los diferentes distritos de la ciudad. Por ejemplo, se ha identificado una propiedad ocupada en Ciutat Vella, cinco en Sants-Montjuïc, una en Sarrià-Sant Gervasi, seis en Gràcia, tres en Horta-Guinardó, una en Nou Barris, nueve en Sant Andreu y seis en Sant Martí. A pesar de que se han iniciado los trámites para el desalojo de varias de estas propiedades, el concejal ha señalado que aún quedan tres casos por abrir expediente.
El líder del Partido Popular en Barcelona, Daniel Sirera, ha criticado la gestión del Ayuntamiento, argumentando que el número de ocupaciones ha crecido desde que el PSC asumió el gobierno. Según Sirera, la cifra ha pasado de 22 a 29 y ahora a 32 ocupaciones, lo que refleja una falta de acción efectiva por parte de las autoridades locales. En respuesta, Batlle ha defendido que cada caso de ocupación requiere un análisis individualizado y que la complejidad administrativa y jurídica de cada situación impide establecer un calendario uniforme para los desalojos.
### Enfoque Social y Seguridad en los Desalojos
El teniente de alcalde ha subrayado la importancia de abordar los desalojos con un enfoque social, garantizando la seguridad de las personas involucradas. Ha indicado que se priorizarán aquellos espacios ocupados donde se ha determinado que existe un riesgo de infravivienda. En estos casos, se busca actuar con rapidez y sensibilidad, coordinando esfuerzos con los servicios sociales y de mediación para proteger los derechos fundamentales de las personas afectadas.
Batlle ha advertido que las ocupaciones pueden convertirse en puntos de concentración de individuos con perfiles delincuenciales, lo que podría facilitar actividades ilícitas. Por lo tanto, ha enfatizado que la seguridad pública debe ser una consideración clave en la gestión de estas situaciones. La administración local está trabajando para recuperar los espacios ocupados lo más pronto posible, dentro de los límites administrativos y legales establecidos.
La creciente preocupación por la ocupación ilegal en Barcelona ha llevado a un debate más amplio sobre la vivienda y la seguridad en la ciudad. A medida que el Ayuntamiento continúa con sus esfuerzos para desalojar propiedades ocupadas, la comunidad observa de cerca cómo se desarrollan estos procesos y qué medidas se implementan para garantizar tanto la seguridad pública como el respeto a los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad. La situación sigue siendo un tema candente en la agenda política de la ciudad, con implicaciones significativas para la convivencia y la gestión urbana en Barcelona.
