La reciente convención municipalista del partido Junts per Catalunya ha puesto de manifiesto una estrategia clara y contundente en relación con la okupación de viviendas. Varios alcaldes de este partido, como Xavier Fonollosa de Martorell, Jordi Masquef de Figueres, Marc Buch de Calella y Josep Maria Vallès de Sant Cugat, han expresado su firme intención de endurecer las condiciones para el empadronamiento en sus municipios, lo que ha generado un amplio debate sobre los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad y la gestión del padrón municipal.
El alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, ha sido uno de los más vocales en esta lucha contra la okupación. En sus declaraciones, ha afirmado que «hemos declarado la guerra a los okupas» y ha defendido que no se debe permitir que un acto delictivo como la okupación otorgue derechos a quienes la practican. Fonollosa ha propuesto que los ayuntamientos no empadronen a personas que ocupan inmuebles de manera ilegal, y ha instado a que solo se permita el empadronamiento si se presenta un «título habilitante», como un contrato de alquiler o una escritura de propiedad. Esta postura se alinea con la intención de Junts de recopilar buenas prácticas de gestión del padrón, inspirándose en el modelo de Martorell.
Por otro lado, el alcalde de Figueres, Jordi Masquef, ha implementado un «criterio más restrictivo» en su municipio, aumentando la vigilancia sobre el padrón. Masquef ha afirmado que su administración está llevando a cabo inspecciones para verificar la legitimidad de los empadronamientos, y ha negado que se utilice el color de piel como criterio para determinar posibles fraudes. Según sus palabras, las solicitudes de empadronamiento han disminuido desde que se aplicaron estas medidas más estrictas.
La situación en Sant Cugat del Vallès es similar, donde el alcalde Josep Maria Vallès ha endurecido las condiciones del padrón y ha declarado una política de «tolerancia cero» hacia las okupaciones. Vallès ha argumentado que ha habido demasiada permisividad en los últimos años y que es necesario poner orden en este aspecto. En su opinión, los empadronamientos fraudulentos deben ser erradicados para garantizar el bienestar de los ciudadanos.
Por su parte, Marc Buch, alcalde de Calella, ha centrado su discurso en la inmigración, sugiriendo que los nuevos residentes deben presentar un permiso de residencia para poder empadronarse. Buch ha señalado que el crecimiento de la población en su municipio ha llevado a una saturación de los servicios sociales, lo que complica la atención a los ciudadanos. Su propuesta de requerir un permiso de residencia para el empadronamiento ha suscitado críticas, ya que podría dificultar el acceso a servicios básicos para aquellos que se encuentran en situaciones precarias.
La postura de estos alcaldes ha generado una respuesta contundente por parte de diversas entidades sociales, que advierten sobre las implicaciones negativas de estas políticas restrictivas. Mariona Puigdellívol, directora de la federación Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS), ha subrayado que el padrón es un derecho fundamental y que las nuevas restricciones pueden aumentar el riesgo de exclusión social, especialmente para las personas migrantes. Puigdellívol ha instado a los ayuntamientos a cumplir con su obligación de empadronar a quienes residen en sus municipios, independientemente de su situación legal.
Desde la Coordinadora Obrim Fronteres, se ha hecho un llamado a un pacto nacional que garantice el acceso al padrón como un derecho básico. Esta organización ha enfatizado que el padrón no debe ser visto como un premio, sino como una herramienta esencial para la planificación de recursos y servicios en los municipios. Según sus representantes, poner más obstáculos al empadronamiento no solo perjudica a las personas afectadas, sino que también sobrecarga los servicios de urgencia y dificulta la atención a la población en general.
La controversia en torno a las políticas de empadronamiento y la okupación refleja una tensión creciente entre la necesidad de garantizar la seguridad y el orden público y la obligación de proteger los derechos de las personas más vulnerables. A medida que los alcaldes de Junts continúan implementando sus estrategias, el debate sobre cómo equilibrar estas prioridades seguirá siendo un tema candente en la política catalana. La respuesta de la sociedad civil y de las entidades sociales será crucial para determinar el rumbo de estas políticas y su impacto en la vida de miles de personas en Cataluña.
