La reciente comparecencia del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha marcado un hito en la lucha contra la corrupción en el país. En un contexto donde la desconfianza hacia las instituciones ha crecido, el mandatario ha presentado un ambicioso Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, que incluye un conjunto de medidas diseñadas para fortalecer la integridad pública y restaurar la confianza ciudadana. Este plan, elaborado en colaboración con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se compone de varias reformas clave que buscan abordar el problema de la corrupción desde múltiples frentes.
**Medidas Clave del Plan de Lucha contra la Corrupción**
El plan presentado por Sánchez se articula en torno a cuatro ejes fundamentales que abarcan desde la prevención hasta la sanción de prácticas corruptas. Uno de los aspectos más destacados es la creación de «procedimientos sumarios» en casos de corrupción, lo que permitirá acelerar los procesos judiciales y evitar las «dilaciones calculadas» que han caracterizado a muchos casos en el pasado. Además, se introduce la figura del «decomiso preventivo», que facultará a la Administración Pública para intervenir bienes de personas investigadas por corrupción sin necesidad de esperar a una condena judicial.
En el ámbito de la prevención, se propone la creación de una «agencia de integridad pública independiente» que se encargará de supervisar y prevenir prácticas corruptas. Esta agencia tiene como objetivo centralizar las funciones de los diversos organismos existentes, que a menudo generan ineficiencias debido a su multiplicidad. Además, se establecerán controles patrimoniales anuales y aleatorios para todos los altos cargos de la Administración, asegurando que no se produzcan beneficios indebidos durante su mandato.
Otro aspecto relevante es el endurecimiento de las condiciones de contratación pública. Se extenderá la metodología utilizada para la adjudicación de fondos europeos a todas las Administraciones del Estado, y se implementarán «mapas de riesgo y de integridad» que permitirán identificar vulnerabilidades en los procesos de contratación. Asimismo, se exigirá a las empresas que deseen participar en estas contrataciones la implementación de sistemas de compliance contra la corrupción y la firma de «pactos de integridad» para ciertos contratos públicos.
**Protección de Denunciantes y Fortalecimiento de la Justicia**
Un componente esencial del plan es la protección de los denunciantes de corrupción. Sánchez ha anunciado que se incluirán garantías de confidencialidad en la nueva ley de Enjuiciamiento Criminal para quienes informen sobre presuntos casos de corrupción. Esto se complementará con la exigencia de que las empresas establezcan canales internos para la denuncia de actividades corruptas, así como la implementación de estos mecanismos en toda la administración pública, incluyendo niveles autonómicos y municipales.
El fortalecimiento de la capacidad del Estado para investigar y sancionar la corrupción es otro de los pilares del plan. Se crearán secciones especializadas en delitos contra la administración pública dentro de los nuevos tribunales de instancia, con jueces especializados que otorguen un carácter preferente a las causas que involucren a cargos públicos. Además, se reforzará la Fiscalía Anticorrupción con más recursos, y se modificarán aspectos del modelo de instrucción para que esta competencia recaiga en el ministerio fiscal.
Las penas por delitos contra la Administración Pública también se endurecerán, duplicando los plazos de prescripción y aumentando las multas a las empresas corruptoras, calculándolas sobre sus ingresos anuales en lugar de sobre los beneficios obtenidos. Se implementará un sistema de exclusión y listas negras para impedir que las empresas condenadas por corrupción puedan seguir contratando con la Administración, y se endurecerán las sanciones por infracciones contables en los partidos políticos, así como la retirada de subvenciones públicas a aquellos que mantengan en sus listas a personas condenadas por corrupción.
El presidente ha enfatizado la importancia de crear una cultura de lucha contra la corrupción, anunciando la realización de estudios demoscópicos anuales sobre la percepción de la corrupción en España y campañas de concienciación ciudadana. Estas medidas no solo buscan sancionar, sino también educar y prevenir, fomentando un entorno donde la corrupción no sea tolerada.
El compromiso del Gobierno con la OCDE incluye un sistema de seguimiento y evaluación de estas medidas, con informes públicos a los 12 y 24 meses para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. Este enfoque integral y proactivo representa un paso significativo hacia la erradicación de la corrupción en España, un problema que ha socavado la confianza en las instituciones y que requiere un esfuerzo conjunto de todos los sectores de la sociedad para ser superado.
