Gabriel Boric, el joven presidente de Chile, ha llegado al poder con la promesa de un cambio significativo en la política del país, especialmente en lo que respecta a las comunidades indígenas, en particular los mapuches. Sin embargo, su gobierno ha enfrentado desafíos que han puesto en tela de juicio su compromiso con las demandas históricas de estos pueblos. Desde su llegada al poder, Boric ha tenido que lidiar con la compleja herencia del estallido social de 2019 y las expectativas que generó, así como con la resistencia de sectores políticos que han mantenido una postura adversa hacia las reivindicaciones mapuches.
Uno de los eventos más significativos en el contexto de la política indígena durante el gobierno de Boric fue la derrota de la Convención Constitucional, que había sido vista como una oportunidad para incluir las demandas mapuches en la nueva carta magna. La Convención, que se formó con la esperanza de dar voz a los pueblos indígenas, fue liderada por figuras como Elisa Loncon, una destacada dirigente mapuche. Sin embargo, el plebiscito de septiembre de 2022 resultó en un rechazo contundente a la propuesta constitucional, lo que se interpretó como un rechazo a las demandas de plurinacionalidad y reconocimiento de derechos indígenas. Esta derrota no solo afectó la representación política de los mapuches, sino que también debilitó el movimiento indígena en su conjunto, que se vio marginado en el nuevo proceso constitucional que se inició posteriormente.
La respuesta del gobierno ante esta situación ha sido, en muchos aspectos, una continuación de las políticas de militarización y represión que han caracterizado a los gobiernos anteriores. A pesar de que Boric había criticado el uso del estado de excepción durante la administración de Sebastián Piñera, su gobierno no tardó en reimplantarlo, justificando la medida por el aumento de la violencia en la región de La Araucanía. Esta militarización ha llevado a una presencia constante de Carabineros y fuerzas armadas en territorios mapuches, lo que ha generado un clima de tensión y desconfianza entre las comunidades. Aunque se ha argumentado que la violencia ha disminuido, la realidad es que la militarización ha sido una constante en la vida de los mapuches durante el mandato de Boric, lo que ha suscitado críticas sobre la falta de un enfoque verdaderamente dialogante y reparador.
En respuesta a las críticas y a la necesidad de abordar el conflicto de manera más integral, el gobierno de Boric lanzó el «Plan Buen Vivir» en 2022. Este plan se presenta como un conjunto de políticas públicas que buscan mejorar la calidad de vida de las comunidades mapuches a través de la construcción de infraestructura, acceso a agua potable y diálogo territorial. Sin embargo, muchos observadores han cuestionado la efectividad de estas medidas, argumentando que son insuficientes y que no abordan las raíces del conflicto, que incluyen la histórica apropiación de tierras y la falta de reconocimiento de derechos. A medida que se acerca el final del mandato de Boric, las expectativas sobre la implementación de este plan se han visto empañadas por la incertidumbre política y la posibilidad de un regreso al poder de la derecha, que ha mostrado una postura claramente opuesta a las demandas mapuches.
Otro aspecto relevante en la política de Boric hacia los mapuches ha sido la creación de la Comisión para la Paz y el Entendimiento en 2023. Esta comisión, compuesta por miembros de diversas trayectorias políticas y representantes mapuches, tiene como objetivo encontrar soluciones a largo plazo para el conflicto en La Araucanía. Sin embargo, las recomendaciones emitidas por la comisión han sido recibidas con escepticismo. A pesar de que algunas propuestas, como el reconocimiento constitucional y la revitalización de la lengua mapuche, son bienvenidas, su implementación depende de un proceso legislativo que podría verse afectado por el contexto electoral y la posible llegada al poder de fuerzas políticas que no apoyan estas iniciativas.
En resumen, la política de Gabriel Boric hacia el pueblo mapuche ha estado marcada por una serie de contradicciones. Si bien su gobierno llegó con la promesa de un cambio y un enfoque más inclusivo, las acciones tomadas hasta ahora sugieren una continuidad con las políticas de militarización y represión que han caracterizado a los gobiernos anteriores. La falta de resultados tangibles y la persistente desilusión entre las comunidades mapuches reflejan un desafío significativo para el gobierno, que deberá encontrar un equilibrio entre la seguridad y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas si realmente desea avanzar hacia una solución pacífica y duradera al conflicto.
