El Parlament de Catalunya se enfrenta a un desafío significativo en su primer año de funcionamiento: regular y limitar los discursos de odio que han aumentado desde la entrada de partidos como Vox y Aliança Catalana. Esta situación ha llevado a la Mesa del Parlament, compuesta por representantes de PSC, Junts y ERC, a trabajar en una propuesta de reforma del reglamento que busca fortalecer las sanciones a quienes infrinjan el código de conducta establecido.
### La Necesidad de una Reforma del Código de Conducta
Desde la llegada de la extrema derecha al hemiciclo catalán, el Parlament ha visto un incremento en discursos que pueden ser considerados como odio. Josep Rull, presidente de la Cámara, ha manifestado su compromiso de abordar esta problemática, explorando mecanismos que han sido efectivos en otros parlamentos internacionales. La intención es actualizar el código de conducta, que fue aprobado en 2016, para adaptarlo a la nueva realidad política y social.
El actual código de conducta permite a la Mesa imponer sanciones, que pueden ir desde multas económicas hasta la expulsión de un diputado, en casos de discriminación por género, orientación sexual, creencias, ideología, origen o condición social, etnia o lengua. Sin embargo, la falta de rango legal de este código ha generado dudas sobre su efectividad, ya que las sanciones pueden ser impugnadas en tribunales. Por ello, Rull ha propuesto integrar el código de conducta en el reglamento del Parlament, lo que le otorgaría un carácter más vinculante y efectivo.
La Mesa del Parlament tiene la capacidad de expulsar a un diputado que utilice lenguaje ofensivo, pero el reglamento actual es bastante genérico, lo que deja un amplio margen de interpretación. Esto ha llevado a que, en ocasiones, la Mesa no actúe por temor a que las sanciones sean recurridas. La estrategia de Rull es priorizar la libertad de expresión, pero también se busca establecer un marco que permita sancionar discursos que inciten al odio.
### La Estrategia de la Mesa y el Proceso de Reforma
La Mesa ha decidido liderar una reforma que introduzca un régimen sancionador más claro y efectivo. Para ello, se consensuará una propuesta internamente entre los partidos que la componen, ya que tienen la mayoría necesaria para aprobarla en el pleno. Sin embargo, la intención es presentar el texto a todos los grupos parlamentarios para buscar un acuerdo más amplio, similar al que se logró en la última modificación del código de conducta.
El proceso de reforma no está exento de complicaciones. Cada grupo parlamentario tiene sus propias propuestas, lo que puede alargar el proceso de aprobación. Además, la cuestión de los discursos de odio ha generado contradicciones entre los partidos, que han tenido que lidiar con la presión de sus bases y la opinión pública. En este sentido, la creación de una comisión de estudio sobre discursos de odio ha sido un paso importante, aunque aún queda mucho por hacer.
Desde la legislatura anterior, se han presentado diversas iniciativas para abordar este tema. En abril de 2023, ERC y CUP propusieron una reforma del reglamento para sancionar discursos de odio, pero la propuesta no llegó a votarse debido a un adelanto electoral. Con la entrada de Aliança Catalana en el Parlament, los partidos han renovado su compromiso de sancionar discursos discriminatorios, aunque aún no se ha concretado en el reglamento.
La falta de una regulación efectiva ha llevado a que, en varias ocasiones, se hayan rechazado mociones que buscaban incluir medidas más contundentes contra los discursos de odio. A pesar de las dificultades, los partidos han expresado su preocupación por la necesidad de que el Parlament actúe como un ejemplo para la sociedad, reflejando los valores de respeto y convivencia.
La actualización del código de conducta es vista como un primer paso crucial para establecer un régimen sancionador que equilibre la libertad de expresión con la protección de los derechos fundamentales. Este proceso no será fácil, ya que implica navegar por un terreno delicado donde las sensibilidades políticas y sociales están a flor de piel. Sin embargo, la voluntad de los partidos de abordar esta problemática es un indicativo de que el Parlament está dispuesto a tomar medidas concretas para frenar el avance de discursos que pueden dividir a la sociedad catalana.
