La Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) ha revelado recientemente la lista de los contribuyentes con deudas y sanciones pendientes que superan los 600.000 euros, correspondiente al ejercicio fiscal de 2024. Este informe, que incluye tanto a personas físicas como jurídicas, muestra que un total de 58 deudores deben a las arcas catalanas la impresionante suma de 152.980.868,29 euros a fecha de 31 de diciembre de 2024. Esta publicación es parte del Plan de prevención y reducción del fraude fiscal y de fomento de las buenas prácticas tributarias 2023-2026, cuyo objetivo es promover la transparencia y la concienciación cívica, incentivando así el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.
**Los Principales Deudores de Cataluña**
En la parte superior de la lista se encuentra Yosef Faradji, quien ostenta el récord de deuda con 52,34 millones de euros, lo que representa más de un tercio del total adeudado. A continuación, se encuentran empresas como Playbadalona SA, que gestiona bingos y debe 9,29 millones de euros, así como las compañías de aguas Riera Cabanyes y Rec Madral, con deudas de 8,12 millones y 7,93 millones de euros, respectivamente. Estos nombres no son nuevos en la lista de morosos, ya que han sido reincidentes en años anteriores.
Entre los particulares, destacan nombres como Adrià Camp Buendia, con una deuda de 4,38 millones de euros; Jordi Dalmau Orriols, con 4,23 millones; y Ana Borrell Marín, con 3,39 millones. También se encuentran figuras conocidas en Cataluña, como el expresidente del FC Barcelona, Joan Gaspart, quien debe cerca de un millón de euros, aunque ha logrado reducir su deuda en 300.000 euros en el último año. Esta lista no solo incluye a grandes empresarios, sino también a personas que han tenido un impacto significativo en la vida pública de la región.
**Impuestos y Marco Legal Relacionados**
Las deudas que se han hecho públicas corresponden a varios impuestos cuya gestión y recaudación son competencia de la ATC. Entre ellos se encuentran los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, sucesiones y donaciones, el impuesto sobre el patrimonio, así como tasas relacionadas con el juego y liquidaciones de la Agencia Catalana del Agua, que están vinculadas al canon del agua. La publicación de esta lista se ampara en el artículo 95 bis de la Ley General Tributaria (LGT), que fue modificado por la Ley 11/2021, destinada a la lucha contra el fraude fiscal. Esta normativa establece que se deben incluir aquellas deudas que superen los 600.000 euros y que no hayan sido pagadas tras el vencimiento del periodo voluntario, ni estén suspendidas o aplazadas.
La Generalitat de Catalunya ha enfatizado que la difusión anual de estos listados tiene como objetivo alertar sobre las conductas tributarias que son socialmente reprobables desde un punto de vista cuantitativo. Se busca ofrecer información relevante para la sociedad y fomentar una cultura fiscal responsable. Sin embargo, es importante señalar que la lista refleja la situación a 31 de diciembre de 2024 y no incluye pagos o actuaciones posteriores que no hayan concluido en el abono íntegro de la deuda.
**Un Escaparate de Viejos Conocidos y Nuevas Incorporaciones**
Además de las empresas del agua y del juego, el listado incluye una variedad de sectores, desde compañías inmobiliarias como Sacresa Terrenos-2 hasta empresas tecnológicas que han caído en desgracia, como Scytl, y aerolíneas que ya no operan, como Spanair. También se mencionan nombres vinculados al deporte y al entramado empresarial catalán, como Álvaro Benejam, líder del PP en Sant Cugat, con una deuda de 600.000 euros, y Alfonso Castro Sousa, vocal del FC Barcelona, que debe 700.000 euros. Esta diversidad en los sectores representados en la lista pone de manifiesto que el problema de la morosidad fiscal no se limita a un solo ámbito, sino que afecta a múltiples industrias y perfiles.
El proceso legal que sigue a la publicación de esta lista permite a los interesados interponer un recurso de reposición en un mes o acudir directamente a la vía contencioso-administrativa en un plazo de dos meses. Con esta acción, la Generalitat refuerza su compromiso en la lucha contra el fraude fiscal en Cataluña, enviando un mensaje claro sobre la importancia de cumplir con las obligaciones fiscales y la necesidad de una mayor responsabilidad tributaria entre los contribuyentes.
