La situación política en Cataluña se encuentra en un punto crítico, especialmente en lo que respecta a la gestión de las energías renovables. Junts per Catalunya, el partido liderado por Carles Puigdemont, ha manifestado su descontento con el decreto que declara las energías renovables como «interés público superior», aprobado el pasado 3 de junio. Esta medida fue impulsada como respuesta a un apagón significativo ocurrido el 28 de abril, pero ha generado un intenso debate entre diferentes sectores de la sociedad catalana.
La carta enviada al president Salvador Illa por Albert Batet, presidente del grupo parlamentario de Junts, y Mònica Sales, portavoz del grupo, exige la retirada y modificación del decreto. Junts argumenta que el texto actual no solo carece de consenso, sino que también pone en riesgo la autonomía municipal y la soberanía alimentaria. En su opinión, es fundamental que se incluya la voz de todos los actores involucrados, incluyendo asociaciones municipalistas como la ACM y la FMC, para garantizar que se aborden adecuadamente los puntos que generan inseguridad jurídica.
### Críticas de agricultores y ecologistas
El descontento no se limita a Junts. Agricultores y ecologistas han expresado su preocupación por el decreto, argumentando que podría facilitar procesos de expropiación. La Xarxa per una Transició Energètica Justa y el Gremi de la Pagesia Catalana han sido claros en su oposición, acusando al Govern de ceder ante los intereses de las grandes empresas energéticas. Según ellos, la nueva normativa, que califica las instalaciones de energías renovables como de «interés público superior», abre la puerta a decisiones que podrían afectar negativamente a la comunidad agrícola y al medio ambiente.
Los agricultores temen que la implementación de este decreto pueda resultar en la pérdida de tierras agrícolas y en un impacto adverso en la producción local. Por su parte, los ecologistas advierten sobre las repercusiones ambientales que podría tener un despliegue masivo de instalaciones energéticas sin un adecuado marco regulatorio que respete el entorno natural y la biodiversidad.
### La postura del Govern y sus aliados
A pesar de la presión ejercida por Junts y otros grupos, el Govern, liderado por Salvador Illa, aún no ha tomado una decisión clara sobre la modificación del decreto. Ni ERC ni los Comuns, socios prioritarios de Illa, han expresado públicamente su apoyo al decreto en su forma actual. Sin embargo, fuentes cercanas a ERC han indicado que están analizando el impacto y las implicaciones del decreto, sugiriendo que podría haber «carencias» que necesitan ser abordadas.
La propuesta de ERC se centra en un despliegue de energías renovables que sea participativo y que respete el suelo agrario y el paisaje. Esto sugiere que podrían estar abiertos a introducir cambios en el texto, pero a través de un proceso de tramitación como proyecto de ley, lo que permitiría la inclusión de enmiendas. Sin embargo, durante este proceso, el decreto seguiría en vigor, lo que podría generar tensiones adicionales entre los diferentes actores políticos y sociales.
La situación es aún más compleja considerando que, si el decreto no supera el trámite parlamentario, sería el tercer revés que enfrenta el president Illa en su primer año al frente de la Generalitat. Anteriormente, tuvo que retirar un decreto sobre cámpings en zonas inundables debido a la falta de apoyos, y recientemente, la Cámara rechazó el aplazamiento de la entrada en vigor de la tasa turística, lo que ha puesto en entredicho su capacidad de gobernar de manera efectiva.
En este contexto, la presión sobre el Govern para que revise su postura respecto al decreto de energías renovables se intensifica. Junts ha propuesto trabajar durante una semana con los sectores implicados para elaborar una nueva versión del decreto que aborde las preocupaciones planteadas. La idea es presentar una redacción revisada dentro de la primera semana de julio, lo que podría abrir la puerta a un nuevo debate en el Parlament.
La situación actual refleja una lucha más amplia en Cataluña sobre cómo gestionar la transición energética, equilibrando las necesidades de desarrollo económico con la protección del medio ambiente y la autonomía local. A medida que se acercan las fechas clave para la tramitación del decreto, será crucial observar cómo se desarrollan las negociaciones entre los diferentes partidos y sectores involucrados, y qué impacto tendrá esto en la política catalana en el futuro.
