El conflicto por la devolución de las pinturas murales del Monasterio de Sijena ha resurgido con fuerza tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que ordena su restitución a Aragón. Este caso, que ha estado en el centro de un prolongado enfrentamiento entre las comunidades de Aragón y Cataluña, plantea importantes cuestiones sobre la gestión del patrimonio cultural y la legalidad en la restitución de bienes artísticos.
### La Sentencia del Tribunal Supremo y sus Implicaciones
El 28 de mayo de 2025, el Tribunal Supremo dictó una sentencia que obliga al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) a devolver las pinturas murales a su ubicación original en el Monasterio de Villanueva de Sijena, en Huesca. Esta decisión se basa en el reconocimiento de la legitimidad de Aragón para reclamar la restitución de estos bienes, argumentando que se trata de una acción civil destinada a recuperar el patrimonio histórico-artístico de la comunidad.
La sentencia destaca que la acción reivindicatoria de Aragón no solo busca la devolución de las pinturas, sino que también se fundamenta en la protección del patrimonio cultural. El Tribunal subraya que el Monasterio de Sijena tiene derecho a recuperar sus obras, lo que añade un peso significativo a la demanda aragonesa.
Sin embargo, la respuesta del MNAC ha sido de preocupación. Los responsables del museo han manifestado su incapacidad técnica para llevar a cabo el traslado de las pinturas sin poner en riesgo su integridad. Este argumento ha llevado a la Generalitat de Cataluña a buscar soluciones que garanticen la conservación de las obras, aunque el debate ha tomado un giro político, complicando aún más la situación.
### Reacciones y Estrategias de las Partes Involucradas
La reacción del presidente catalán, Salvador Illa, ha sido la de buscar una solución técnica que permita cumplir con la sentencia, pero siempre priorizando la conservación de las obras. A pesar de sus intenciones, la creación de una comisión técnica que incluya al Gobierno de Aragón no ha logrado avanzar, ya que el MNAC ha solicitado más tiempo para cumplir con la sentencia, alegando su incapacidad técnica para realizar el traslado en el plazo estipulado.
Por su parte, el Gobierno de Aragón, liderado por Jorge Azcón, ha decidido que es hora de actuar y ha anunciado su intención de solicitar la ejecución forzosa de la sentencia. Este procedimiento judicial busca obligar al MNAC a cumplir con la orden del Tribunal Supremo, lo que podría llevar a la intervención de la justicia para asegurar que las pinturas sean devueltas a su lugar de origen.
La ejecución forzosa de la sentencia es un paso significativo, ya que implica que el Gobierno de Aragón está dispuesto a utilizar todos los recursos legales a su disposición para garantizar la restitución de los murales. Para ello, se propone la creación de una comisión judicial de expertos en patrimonio histórico-artístico que asesore sobre la viabilidad técnica del traslado, buscando así minimizar los riesgos asociados a la operación.
### La Dificultad del Traslado y el Futuro del Patrimonio
El MNAC ha argumentado que el traslado de las pinturas murales representa un riesgo significativo para su conservación. Según informes técnicos, realizar esta operación en el plazo establecido por la ley de enjuiciamiento civil podría comprometer la integridad de las obras. Esta situación ha llevado a un estancamiento en las negociaciones entre ambas partes, con el museo insistiendo en la necesidad de más tiempo para garantizar un traslado seguro.
El abogado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, Jorge Español, ha estimado que, si se logra avanzar en el proceso, las pinturas podrían estar de vuelta en el monasterio en un plazo de cuatro a cinco meses. Sin embargo, esto dependerá en gran medida de la respuesta de la justicia y de la disposición del MNAC para colaborar en el proceso de restitución.
El conflicto de Sijena no solo es un caso legal, sino que también refleja tensiones culturales y políticas entre Aragón y Cataluña. La lucha por la restitución de estos bienes artísticos es un símbolo de la identidad cultural de ambas comunidades, y su resolución podría sentar un precedente importante para futuros casos de reclamación de patrimonio cultural en España.
A medida que se desarrollan los acontecimientos, la atención se centra en cómo se resolverá este conflicto y qué implicaciones tendrá para la gestión del patrimonio cultural en el país. La situación actual plantea interrogantes sobre la capacidad de las instituciones para manejar disputas de esta naturaleza y la importancia de la colaboración entre comunidades para preservar el patrimonio común.
