El sindicato UGT ha tomado la iniciativa de presentar un escrito ante el Consejo de Europa, solicitando que este organismo presione al Gobierno español para que endurezca la normativa sobre despidos. Esta acción surge tras un largo proceso en el que la central sindical ha buscado mejorar la protección de los trabajadores en España, especialmente en lo que respecta a los despidos improcedentes.
Desde hace más de un año, UGT ha estado trabajando para que se reconozcan los derechos de los trabajadores en el ámbito del despido. En un dictamen emitido por el Comité Europeo de Derechos Sociales, se determinó que España incumplía la normativa europea al no ofrecer suficiente protección a los empleados en caso de despido. Este fallo fue un hito importante para el sindicato, que ha continuado presionando para que se tomen medidas concretas.
En noviembre, el Consejo de Ministros de la Unión Europea aprobó una recomendación que instaba a España a actuar en este sentido. Sin embargo, a pesar de los compromisos públicos del Gobierno, la legislación aún no ha sido modificada. Por ello, UGT ha decidido llevar su reclamo a instancias europeas, recordando los fallos previos que respaldan su posición y exigiendo que se actúe en consecuencia.
### Propuestas de UGT para Mejorar la Protección Laboral
UGT ha delineado tres propuestas clave que consideran esenciales para mejorar la legislación sobre despidos en España. La primera de estas propuestas es la recuperación de los salarios de tramitación. Esto significa que, en caso de un despido considerado improcedente, la empresa debería estar obligada a pagar el salario al trabajador desde el momento del despido hasta que un juez determine la ilegalidad del mismo. Esta medida busca asegurar que los trabajadores no queden desprotegidos durante el proceso judicial.
La segunda propuesta se refiere a la readmisión del trabajador. Actualmente, cuando un despido es declarado improcedente, la decisión de readmitir al trabajador recae en la empresa. UGT propone que esta decisión sea tomada por el trabajador, lo que le otorgaría mayor control sobre su situación laboral. Esto es especialmente relevante en un contexto donde muchos trabajadores temen represalias al ser readmitidos en un entorno hostil.
Por último, el sindicato exige que la indemnización por despido improcedente sea aumentada. Actualmente, la indemnización se establece en 33 días por año trabajado, con un tope de 24 mensualidades. UGT argumenta que esta cifra es insuficiente y que debería ser revisada para ofrecer una compensación más justa a los trabajadores afectados. La última modificación en este aspecto se realizó en 2012, cuando se redujeron las indemnizaciones, lo que ha llevado a una creciente insatisfacción entre los trabajadores.
### La Resistencia del Gobierno y el Contexto Político
A pesar de las demandas de UGT y de las recomendaciones europeas, el Gobierno español ha mostrado una falta de acción decisiva en este ámbito. En el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Sumar, se incluyó la modificación de las condiciones de despido, anticipándose a la presión de las instancias europeas. Sin embargo, hasta la fecha, no se han implementado cambios significativos.
El Plan Anual Normativo de 2024 y 2025, que detalla las reformas que el Gobierno prevé llevar a cabo, incluye la modificación de la legislación sobre despidos, pero esta sigue siendo una promesa pendiente. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha propuesto la introducción del concepto de «despido restaurativo», que implicaría un aumento variable de la indemnización dependiendo de la situación personal de cada trabajador. Esta propuesta busca ofrecer una mayor protección a aquellos trabajadores que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad.
Sin embargo, el contexto político actual complica la situación. La ley que busca reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales ha acaparado la atención y las negociaciones en el diálogo social, lo que ha dejado en un segundo plano las demandas sobre la legislación de despidos. Además, la división dentro del propio Gobierno entre los partidos que lo componen ha dificultado la llegada a un consenso. Mientras que Sumar ha mostrado disposición para abordar la cuestión, el PSOE, especialmente a través de su Ministerio de Economía, ha sido más reticente a aumentar las indemnizaciones por despido.
La falta de un consenso claro y la resistencia de algunos sectores del Gobierno han llevado a que las demandas de UGT y las recomendaciones europeas sigan sin respuesta. La situación actual plantea un desafío significativo para la protección de los derechos laborales en España, y la presión de UGT podría ser un factor determinante en la búsqueda de soluciones efectivas para los trabajadores.
