La reciente reestructuración del sistema de protección de menores en Catalunya ha generado un amplio debate sobre la eficacia y la transparencia de las instituciones encargadas de velar por la seguridad de los niños y adolescentes. Con la creación de dos nuevas unidades externas para supervisar la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), el Govern busca abordar las preocupaciones que han surgido tras la revelación de una red de pederastas que operaba en la región. Este artículo examina las implicaciones de estas reformas y el contexto que las ha motivado.
### Contexto de la Reforma
La DGAIA ha estado bajo el escrutinio público debido a varios incidentes alarmantes, incluyendo el caso de una menor que fue víctima de abuso sexual mientras estaba bajo su tutela. Este caso, conocido como el caso Damocles, ha puesto de manifiesto las deficiencias en el sistema de protección de menores, lo que ha llevado a la fiscalía a solicitar penas severas para los implicados en la red de pederastas. Además, un informe de la Sindicatura de Comptes reveló que el Govern había gastado más de 100 millones de euros en contratos irregulares en centros de menores entre 2016 y 2020, lo que ha generado aún más desconfianza en la gestión de la DGAIA.
La nueva estructura de la DGAIA, que ahora se denomina Direcció General de Protecció i Prevenció de la Infància i l’Adolescència (DGPPIA), se divide en dos subdirecciones: una enfocada en la prevención y otra en la protección. Esta división busca mejorar la atención y el seguimiento de los menores en riesgo, así como optimizar la respuesta ante situaciones de emergencia. La subdirección de prevención se encargará de coordinar servicios especializados, como los ‘Barnahus’, que abordan la violencia sexual infantil, y la atención a menores inimputables, aquellos que han cometido delitos pero son menores de 14 años.
### Medidas Implementadas y Desafíos por Enfrentar
Entre las medidas más significativas de esta reforma se encuentra la prohibición de la DGAIA para contratar nuevas plazas y otorgar prestaciones económicas, funciones que serán asumidas por otras direcciones generales dentro de la misma conselleria. Esta decisión busca evitar la repetición de irregularidades pasadas y garantizar que los recursos se utilicen de manera más efectiva. Sin embargo, algunos trabajadores del sector han expresado su preocupación por la falta de personal y recursos, lo que podría comprometer la calidad de la atención a los menores.
La conselleria ha prometido la contratación de 242 nuevos trabajadores en los próximos dos años, lo que podría aliviar la carga sobre los equipos actuales. Sin embargo, la implementación de estas reformas se enfrenta a desafíos significativos. Por un lado, la creciente demanda de servicios de protección ha llevado a un aumento del 70% en el número de niños y adolescentes bajo tutela en la última década, lo que pone presión sobre un sistema que ya se considera insuficiente.
Además, la nueva estructura de la DGPPIA deberá demostrar su eficacia en la prevención de abusos y en la atención a los menores en riesgo. Con más de 6.276 niños en riesgo grave de maltrato, la necesidad de un enfoque proactivo y coordinado es más urgente que nunca. Los Equipos de Atención a la Infancia y la Adolescencia, compuestos por trabajadores sociales, educadores y psicólogos, jugarán un papel crucial en la identificación y seguimiento de casos de maltrato, pero su capacidad para actuar dependerá de la disponibilidad de recursos y personal.
La creación de las nuevas unidades externas para supervisar la DGPPIA también plantea interrogantes sobre la autonomía de la institución y la efectividad de la supervisión. Si bien la fiscalización es esencial para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, es fundamental que estas nuevas entidades trabajen en colaboración con los equipos de la DGPPIA en lugar de imponer una carga adicional que pueda obstaculizar su funcionamiento.
En resumen, las reformas en el sistema de protección de menores en Catalunya representan un paso importante hacia la mejora de la atención y la prevención de abusos. Sin embargo, el éxito de estas medidas dependerá de la capacidad del Govern para implementar cambios significativos y sostenibles en un contexto de creciente demanda y recursos limitados. La protección de los menores es una responsabilidad compartida que requiere un compromiso continuo por parte de todas las partes involucradas.
