La energía nuclear ha sido un tema de discusión en España desde hace décadas, especialmente en el contexto de la crisis energética de los años setenta. En aquel entonces, el eslogan «Nucleares, no gracias» resonó en la sociedad, reflejando el temor y la resistencia hacia esta fuente de energía. Sin embargo, el reciente apagón del 28 de abril ha reavivado el debate sobre la viabilidad y la necesidad de la energía nuclear en el país. Este artículo explora los aspectos fiscales relacionados con la energía nuclear y su impacto en el futuro energético de España.
La fiscalidad en el sector nuclear es un tema complejo y multifacético. Las centrales nucleares están sujetas a una serie de impuestos y tasas que afectan directamente su rentabilidad. Entre los impuestos más relevantes se encuentran el impuesto sobre la producción y el almacenamiento de combustible nuclear y residuos radiactivos, así como el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica. Estos impuestos representan más del 50% de la tributación específica que enfrentan las empresas del sector nuclear. Además, existen tasas relacionadas con la gestión y el almacenamiento de residuos a largo plazo, así como el canon hidroeléctrico que las nucleares deben pagar por el uso de aguas continentales en su producción.
La situación en Cataluña es particularmente interesante. Esta comunidad autónoma, que cuenta con un impuesto propio sobre instalaciones nucleares, recauda anualmente alrededor de 150 millones de euros. A pesar de esto, Cataluña sigue siendo altamente dependiente de la energía nuclear, con casi el 50% de su consumo energético proveniente de esta fuente en 2024. Esta dependencia plantea desafíos significativos en el contexto del cierre y desmantelamiento de las centrales nucleares en España, un proceso que podría ser más complicado en esta región que en otras comunidades.
Las grandes empresas productoras de energía nuclear argumentan que su carga fiscal supera los 1.500 millones de euros anuales, lo que se traduce en un sobrecoste de más de 28 euros por megavatio hora (MWh). Este costo, según ellas, es insostenible en un mercado donde las energías renovables están ganando terreno. Por ello, han solicitado una reducción de su carga fiscal y una extensión de los plazos de cierre de las centrales más allá del 2035, con el objetivo de mantener su viabilidad económica. Argumentan que esta extensión no solo proporcionaría estabilidad al mercado eléctrico, sino que también permitiría diferir parte de la carga tributaria actual.
El principio de «quien contamina paga» es fundamental en la discusión sobre la fiscalidad nuclear. Este principio busca que las empresas que generan contaminación asuman los costos de sus actividades, evitando que estos se trasladen a los consumidores finales. Sin embargo, la implementación de este principio depende de las decisiones políticas y de las normas que se aprueben en cada momento. Esto introduce un componente político significativo en la discusión sobre la fiscalidad nuclear.
A pesar de las preocupaciones de las empresas del sector, es importante señalar que muchos de los llamados «impuestos verdes» no han logrado cumplir su objetivo de reducir las actividades contaminantes. En lugar de disminuir, la recaudación de estos impuestos ha permanecido estable o incluso ha aumentado, lo que ha llevado a la percepción de que su principal finalidad es aumentar los ingresos del Estado bajo el pretexto de combatir el cambio climático.
En este contexto, es crucial que los actores políticos y económicos lleguen a un acuerdo sobre el futuro de la energía nuclear en España. La pregunta central es: ¿hasta cuándo se permitirá el uso de la energía nuclear? Solo después de responder a esta pregunta se podrá abordar cómo se distribuirá la carga fiscal resultante de esta decisión. Es fundamental que se consideren los principios de capacidad económica y progresividad, así como la seguridad jurídica, para evitar que los consumidores sean los que terminen pagando las consecuencias de decisiones políticas.
La polarización del debate político en España, junto con la presión de los grupos de interés, puede dificultar la búsqueda de soluciones efectivas. Sin embargo, es esencial que los representantes políticos prioricen el interés general sobre el deseo de mantener el poder. La energía nuclear, con sus ventajas y desventajas, seguirá siendo un tema candente en la agenda política y social del país. La forma en que se maneje este debate no solo afectará a la industria energética, sino también a la economía y al bienestar de los ciudadanos en el futuro.
