El Gobierno español ultima el decreto de vivienda que entrará en vigor tras su aprobación en el último Consejo de Ministros del curso. El texto incluye la prórroga obligatoria de contratos de alquiler, pero su aprobación depende de un equilibrio frágil entre PSOE, Sumar, Podemos y Junts. La moratoria antidesahucios se ha convertido en el eje de la negociación, con impacto directo en familias vulnerables, propietarios y el mercado inmobiliario.
¿Qué contiene el nuevo decreto de vivienda?
El decreto prevé la prórroga automática de contratos de alquiler por dos años tras su vencimiento, salvo que el arrendador notifique su oposición con tres meses de antelación. También introduce límites al aumento de rentas y refuerza la inspección de precios abusivos.
Medidas clave para inquilinos
- Prórroga forzosa de contratos de alquiler hasta 2028.
- Límite del 2 % anual al incremento de rentas en zonas tensionadas.
- Refuerzo de la Agencia Estatal de la Vivienda para sancionar abusos.
Medidas clave para propietarios
- Bonificación fiscal del 90 % en el Impuesto sobre la Renta para alquileres asequibles.
- Deducción del 100 % en gastos de rehabilitación si se destina a vivienda protegida.
- Exención del Impuesto sobre Patrimonio para viviendas en alquiler social.
¿Por qué la moratoria antidesahucios sigue bloqueada?
La moratoria antidesahucios para familias vulnerables no está garantizada. Su inclusión depende de un acuerdo entre socios de Gobierno. Sumar la defiende como medida de emergencia social. PSOE la considera jurídicamente frágil y políticamente costosa.
El veto de Junts y la presión de Podemos
- Junts exige bonificaciones fiscales y rechaza la moratoria por «incentivar la okupación».
- Podemos condiciona su apoyo a la inclusión de la moratoria y la exclusión de beneficios para propietarios.
- Sin el respaldo de ambos grupos, el decreto carece de mayoría estable en el Congreso.
¿Cuál es el impacto económico real del decreto?
El decreto afecta a más de 5,2 millones de hogares en alquiler. Según el INE, el precio medio del alquiler subió un 12,3 % en 2025. La prórroga forzosa podría reducir la rotación del parque arrendado en un 18 %, según estimaciones del Banco de España.
Efectos en el mercado
- Caída estimada del 7 % en la oferta de viviendas nuevas en alquiler en 2027.
- Aumento del 22 % en demanda de vivienda protegida en zonas urbanas.
- Presión fiscal adicional de 412 millones de euros anuales para el Estado.
¿Qué marco legal regula la moratoria antidesahucios?
La Ley 1/2013, de medidas de protección de los deudores hipotecarios, estableció la primera moratoria. Su última prórroga expiró en febrero de 2026. El nuevo decreto no la restablece de forma general, sino que prevé un mecanismo de protección selectiva: solo aplica a familias con ingresos inferiores al 150 % del IPREM y sin otra vivienda.
Datos Clave
- La moratoria antidesahucios caducó oficialmente el 1 de febrero de 2026.
- Junts tumbó el escudo social en febrero por considerarla inconstitucional.
- El decreto de vivienda requiere mayoría simple: 176 votos en el Congreso.
- PSOE y Sumar suman 156 escaños; necesitan al menos 20 apoyos adicionales.
- El 63 % de los desahucios en 2025 afectaron a familias con menores a su cargo.
El decreto de vivienda no es solo una reforma técnica. Es un termómetro del equilibrio político del Gobierno. Su aprobación marca un precedente en la gestión de la crisis habitacional. La ausencia de la moratoria antidesahucios refleja la prioridad fiscal sobre la protección social. La prórroga de contratos, en cambio, consolida un nuevo régimen de estabilidad arrendaticia. El impacto real se medirá en los próximos 12 meses, cuando se evalúe la tasa de desahucios, la oferta de alquiler y la evolución de los precios en zonas tensionadas.
