Llanos Massó, presidenta de las Corts Valencianes, cierra una legislatura marcada por la tragedia de la DANA, la tensión institucional y los desafíos del sistema autonómico. Su liderazgo ha coincidido con una de las etapas más complejas de la democracia valenciana. Su postura sobre el Estado autonómico, su rol institucional y su posible candidatura a la Generalitat Valenciana reflejan una estrategia política clara: reformar desde dentro, con respeto a la Constitución española y la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).
¿Cuál es el balance de su legislatura como presidenta de las Corts?
La legislatura ha sido atípica y exigente. El primer año transcurrió con normalidad institucional. Tras la DANA de 2023, todo cambió. Se sucedieron la dimisión del presidente, una nueva investidura, presupuestos atrasados y comisiones de investigación. Los plenos se volvieron más tensos. Massó reconoce que en algunos momentos se preguntaba: ¿cuándo va a saltar esto?
Aprendizaje en medio de la crisis
La presidencia le ha permitido desarrollar habilidades de mediación y gestión de conflictos. Ha tenido que equilibrar el rigor reglamentario con la empatía política. Su rol no ha sido meramente protocolario: ha actuado como árbitro en debates altamente polarizados.
¿Qué piensa sobre el sistema autonómico tras tres años en la Corts?
Massó mantiene su postura crítica hacia el modelo autonómico actual, pero no renuncia a su participación. Su argumento es práctico y constitucional: mientras exista el sistema, hay que trabajar dentro de él para transformarlo. No se trata de sabotearlo, sino de reformarlo con herramientas legales.
Reforma desde la legalidad
Vox defiende la centralización administrativa y la reducción de competencias autonómicas. Massó insiste en que su presencia en la Corts no contradice esa visión. Al contrario: permite incidir en leyes, presupuestos y control parlamentario desde una posición de responsabilidad institucional.
¿Será candidata de Vox a la Generalitat Valenciana?
No hay anuncio formal. Massó subraya que Vox designa a sus candidatos cercano a la convocatoria electoral, no con anticipación. Su disposición es clara: estará a disposición del partido. La estructura interna de Vox es vertical y disciplinada, lo que garantiza coherencia en los mensajes entre comunidades autónomas.
Contexto electoral y marco legal
Las próximas elecciones autonómicas valencianas están previstas para 2027. El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana y la Ley Electoral Valenciana regulan los requisitos de candidatura. Massó cumple con los requisitos de nacionalidad, edad y residencia. Su experiencia como presidenta de la cámara legislativa refuerza su perfil institucional.
¿Cuál es el impacto económico y político de su liderazgo?
La presidencia de Massó ha coincidido con una etapa de reasignación de fondos europeos Next Generation EU, debates sobre la financiación autonómica y tensiones en la gestión de emergencias. Su enfoque ha priorizado la transparencia presupuestaria y el control de la ejecución de fondos públicos. Desde el punto de vista económico, su gestión ha influido en la velocidad de aprobación de créditos extraordinarios para la reconstrucción tras la DANA.
Datos Clave
- La DANA de 2023 provocó más de 200 muertes y daños por más de 10.000 millones de euros en la Comunitat Valenciana.
- Las Corts Valencianes aprobaron 3 comisiones de investigación durante esta legislatura, la cifra más alta desde 2015.
- Vox obtuvo 12 escaños en las elecciones autonómicas de 2023, su mejor resultado histórico en la Comunitat.
- El presupuesto de la Generalitat para 2024 se aprobó con 47 días de retraso, el mayor desfase desde 2011.
- Massó es la segunda mujer en presidir las Corts Valencianes, tras María José Catalá (2015–2019).
¿Cómo se articula su rol con el marco constitucional y europeo?
Su actuación se enmarca en los artículos 147 y 150 de la Constitución Española, que regulan las competencias autonómicas y la coordinación estatal. Además, su defensa de la unidad de mercado y la cohesión territorial responde a los principios de la Política de Cohesión de la UE. No se opone al autogobierno, sino a su fragmentación administrativa innecesaria. Su propuesta es una reforma estatutaria que refuerce la eficiencia y reduzca duplicidades entre administraciones.
