La Fiscalía ha solicitado 36 años de prisión para David Soler Oltra, conocido como El Tuvi, por el asesinato de Isabell Elena Raducanu en Xàtiva en 2019. La víctima, de 36 años y embarazada de seis meses, recibió 37 cuchilladas tras ser golpeada con un mataleón. El crimen ocurrió en su domicilio y forma parte de un patrón de violencia extrema contra mujeres.
¿Por qué la Fiscalía califica este caso como crimen machista?
La acusación pública, liderada por Carmen Nicasio Aliaga, sostiene que el asesinato no fue un acto aislado. Lo define como expresión de superioridad y dominación sobre la mujer. El objetivo del agresor era ejercer poder y control sobre Isabell. Esta calificación activa la agravante de género, que eleva la gravedad penal y refuerza el marco de violencia machista reconocido en la Ley Orgánica 1/2004.
El vínculo con la sentencia previa por asesinato de Wafaa Sebbah
Soler Oltra ya cumple prisión permanente revisable (PPR) por el asesinato de Wafaa Sebbah, una joven de 19 años asesinada en Carcaixent en 2019. Esa condena fue lograda por la misma fiscal, Carmen Nicasio Aliaga, tras un juicio con jurado. El caso de Isabell Raducanu es su tercer homicidio mortal, pero el primero cometido antes de la sentencia por Wafaa. Esto evidencia un patrón de conducta reiterada y premeditada.
¿Qué delitos imputa la Fiscalía en este caso?
La calificación provisional incluye tres delitos principales:
- Asesinato (artículo 138 del Código Penal)
- Aborto provocado (artículo 143, al interrumpir el embarazo de seis meses)
- Robo con violencia (artículo 242, por sustracción de objetos tras el crimen)
Todos con la agravante de género, lo que implica que la motivación fue la desigualdad de poder entre géneros. No se trata de un crimen pasional ni de un descontrol momentáneo. Es un acto planificado de aniquilación simbólica y física.
La dimensión económica del caso
El retraso procesal —siete años desde el crimen hasta la petición de pena— tiene costes tangibles. Los gastos judiciales superan los 120.000 euros, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Además, el caso ha generado impacto en políticas locales: el Ayuntamiento de Xàtiva destinó en 2025 470.000 euros a refuerzo de servicios de atención a víctimas de violencia machista. Esto refleja cómo los crímenes extremos aceleran inversiones públicas en prevención y protección.
¿Qué implica la petición de 36 años de cárcel?
La pena solicitada equivale a la edad de la víctima. Es una decisión simbólica, pero también técnica: busca evitar la concurrente aplicación de penas que limitaría la efectividad real de la condena. En la práctica, bajo el régimen actual, una pena de 36 años se traduce en mínimo 25 años efectivos, dado que la prisión permanente revisable ya cubre el máximo legal para homicidio. La Fiscalía apela a la proporcionalidad ética, no solo jurídica.
Datos Clave
- El crimen ocurrió el 11 de junio de 2019, en Xàtiva.
- Isabell Raducanu estaba embarazada de seis meses de su tercera hija, Briana.
- Recibió 37 cuchilladas tras ser golpeada con un mataleón.
- El acusado, David Soler Oltra, ya cumple prisión permanente revisable por otro asesinato machista.
- La Fiscalía solicitó la pena el 10 de junio de 2026, a siete años exactos del crimen.
- La calificación incluye agravante de género, aborto provocado y robo con violencia.
¿Cuál es el marco legal que sustenta esta calificación?
La Ley Orgánica 1/2004 contra la violencia machista permite calificar como tal cualquier agresión que exprese dominación, control o desprecio hacia la mujer. El Tribunal Supremo ha reiterado que no se requiere relación sentimental previa: basta con la intención de sometimiento. Además, el Código Penal tipifica el aborto provocado como delito autónomo cuando se comete con violencia sobre una mujer embarazada. Aquí, ambos elementos convergen: la muerte de la madre y la interrupción forzosa del embarazo.
El caso también activa el Protocolo de Actuación ante Crímenes de Odio y Violencia Extrema, aprobado por el Consejo General del Poder Judicial en 2023. Este exige priorización procesal y coordinación interinstitucional —Justicia, Sanidad y Servicios Sociales—, lo que explica la reciente aceleración del procedimiento.
El hermano de la víctima, Gavril Raducanu, ha denunciado durante años la lentitud del sistema. Su lucha forma parte de un movimiento creciente de familiares que exigen justicia sin dilaciones y reparación integral, no solo penal, sino también psicológica y social.
