Una joven de 24 años murió devorada por siete perros sueltos en un camino público de Zamora. La jueza dictó sentencia exprés: dos años y medio de cárcel para el propietario. La sentencia aplica el artículo 142.1 del Código Penal. Se reconoce la responsabilidad civil directa. La indemnización asciende a 250.000 euros. El caso marca un precedente en la aplicación de la imprudencia grave en contextos rurales.
¿Qué dice la sentencia sobre la responsabilidad del ganadero?
La jueza determinó que Pedro Gago Rodríguez actuó como autor directo de un homicidio por imprudencia grave. No hubo intención, pero sí una omisión reiterada de deberes legales. Los hechos probados señalan que los perros estaban sueltos, sin vigilancia, sin seguro y con escasa alimentación.
El fallo se basa en el artículo 142.1 del Código Penal. También se aplica la atenuante de dilaciones indebidas, según el artículo 21.6. Esa atenuante reduce la pena, pero no exime de responsabilidad penal.
Falta de custodia y normativa aplicable
La sentencia subraya la inobservancia de normas básicas de tenencia responsable. En Castilla y León, el Decreto 21/2021 exige identificación, vacunación, seguro de responsabilidad civil y control efectivo de perros potencialmente peligrosos. Los carea y mastín no están en la lista oficial de razas potencialmente peligrosas, pero sí están sujetos a obligaciones generales de custodia.
¿Cómo afecta esta sentencia al sector ganadero?
El fallo tiene impacto directo en más de 12.000 explotaciones ovino-caprinas de la región. Muchas usan perros de guarda sin protocolos formales de control. La sentencia obliga a revisar prácticas de manejo animal en espacios públicos.
El coste económico de la indemnización —250.000 euros— supera en 400 % el promedio de seguros de responsabilidad civil para ganaderos. Esto impulsa la exigencia de pólizas obligatorias en explotaciones con perros de guarda.
Nuevas exigencias legales para explotaciones rurales
Desde 2024, la Dirección General de Ganadería de Castilla y León exige formación obligatoria en gestión de riesgos zoonóticos y conductuales. La sentencia refuerza esa exigencia. También se prevé una futura modificación del Decreto 21/2021 para incluir perros de guarda en zonas de paso público como sujetos de control reforzado.
¿Qué implica la atenuante de dilaciones indebidas?
La atenuante del artículo 21.6 del Código Penal se aplica cuando el proceso se alarga injustificadamente. Aquí, la jueza reconoce que el retraso en la instrucción —desde la denuncia en octubre de 2023 hasta el juicio en mayo de 2026— afectó al derecho a un juicio sin dilaciones indebidas.
Esa atenuante no justifica la conducta, pero sí reduce la pena. El ganadero ya cumplió 22 días en prisión provisional, tiempo que se descontará de la pena final.
Impacto en la percepción pública del sector
El caso generó una ola de rechazo social y mediático. Las redes sociales amplificaron imágenes del lugar y testimonios de vecinos. El 78 % de los encuestados en Zamora considera que los ganaderos deben asumir mayor responsabilidad en zonas de uso compartido. Esto presiona a las administraciones para reforzar controles y sanciones.
Datos Clave
- La víctima, Arancha Corcero Girón, fue atacada entre las 18:00 y 19:00 horas del 23 de octubre de 2023.
- Los siete perros eran de razas carea y mastín, sin seguro ni supervisión humana.
- La sentencia se dictó en menos de 48 horas tras la vista oral: es una sentencia exprés.
- La indemnización de 250.000 euros es la más alta impuesta en Castilla y León por muerte animal en espacio público.
- El fallo vincula la imprudencia grave con la falta de cumplimiento de normas autonómicas y estatales de tenencia responsable.
¿Qué cambios legales se esperan tras esta sentencia?
El Ministerio de Derechos Sociales y el Gobierno de Castilla y León ya trabajan en una propuesta para tipificar como infracción muy grave la tenencia de perros de guarda sin control en vías públicas. Se prevé que entre en vigor en 2027. También se impulsa un registro obligatorio de perros de trabajo en explotaciones agropecuarias. La sentencia refuerza la exigencia de capacitación específica y documentación técnica de los animales empleados en labores ganaderas.
