Iberdrola presiona para reformar el monopolio de Red Eléctrica de España sobre la red de alta tensión. El presidente Ignacio Sánchez Galán denuncia que su doble rol como operador del sistema y gestor comercial frena la inversión y distorsiona la competencia. La propuesta busca alinear España con estándares internacionales y acelerar la transición energética.
¿Qué critica Iberdrola sobre Red Eléctrica?
Iberdrola cuestiona el modelo actual en el que Red Eléctrica de España acumula funciones públicas y privadas. La compañía semipública —con el 20 % del capital en manos del Estado— opera el sistema eléctrico y, al mismo tiempo, invierte y gestiona activos de transporte bajo lógica comercial.
Este doble rol no existe en los mercados donde Iberdrola opera: Reino Unido, Estados Unidos, Brasil y Australia. Allí, las funciones de operación del sistema y gestión de redes están separadas institucionalmente.
La separación funcional es una norma global
En la mayoría de los países desarrollados, la operación del sistema eléctrico (un servicio público esencial) está bajo autoridad independiente. La gestión de infraestructuras de transporte, en cambio, se abre a operadores privados bajo marcos regulatorios claros.
España es una excepción. La red de alta tensión sigue reservada en exclusiva a Red Eléctrica. Esto impide que empresas como Iberdrola participen directamente en su construcción, operación o modernización.
¿Cuál es el impacto económico de este monopolio?
El monopolio frena la inversión privada en redes. Iberdrola ya tiene 70.000 millones de euros en activos regulados a nivel global. De ellos, 20.000 millones corresponden a redes de transporte —pero cero en España, por la prohibición legal.
Esto genera tres efectos negativos:
- Retraso en la modernización de la red ante la electrificación acelerada (vehículos eléctricos, calor eléctrico, hidrógeno verde).
- Mayor riesgo de congestión y limitaciones técnicas: Galán ha señalado que hay “situaciones” en las que no pueden entregar la energía demandada.
- Pérdida de oportunidades de inversión extranjera y de empleo especializado en infraestructura eléctrica.
El déficit de capacidad ya es tangible
La red española enfrenta cuellos de botella en zonas con alta penetración de renovables. Proyectos eólicos y solares se retrasan por falta de evacuación. Según datos de la CNMC, más del 30 % de las solicitudes de acceso a la red de transporte están pendientes de resolución por limitaciones técnicas.
¿Qué propone Iberdrola para cambiar el marco legal?
Iberdrola exige un nuevo marco regulatorio que desagregue las funciones de Red Eléctrica. No pide eliminarla, sino separar su rol como operador del sistema (público) de su actividad como gestor de activos (comercial).
Esto permitiría:
- Que empresas privadas inviertan en redes bajo tarifas reguladas y garantías de retorno.
- Que el operador del sistema (por ejemplo, un nuevo ente independiente) supervise de forma neutral la red y garantice la seguridad del suministro.
- Que se acelere la construcción de nuevas líneas y subestaciones bajo estándares de eficiencia y sostenibilidad.
La reforma está alineada con la Directiva Europea de Electricidad
La Directiva (UE) 2019/944 exige la separación efectiva entre operación del sistema y actividades comerciales. España incumple parcialmente este requisito al no garantizar la independencia funcional y contable plena de Red Eléctrica.
¿Qué dice la ley española actual?
La Ley del Sector Eléctrico (Ley 54/1997) y su reforma en 2021 mantienen la exclusividad de Red Eléctrica en la gestión de la red de transporte. Aunque se introdujeron mecanismos de transparencia, no se modificó la estructura de propiedad ni la acumulación de funciones.
El Real Decreto-Ley 14/2022 reforzó el papel de Red Eléctrica como operador del sistema, pero no abordó su rol comercial. Esto contradice la práctica en países como Alemania (Tennet, 50Hertz) o Francia (RTE), donde los operadores son entidades públicas no cotizadas y sin actividades comerciales cruzadas.
Datos Clave
- Red Eléctrica es el único operador autorizado para construir y gestionar la red de alta tensión en España.
- El Estado posee el 20 % del capital de Red Eléctrica, que cotiza en Bolsa y forma parte de un grupo con múltiples negocios.
- Iberdrola tiene 20.000 millones de euros en redes de transporte fuera de España, pero 0 en el mercado nacional.
- Más del 30 % de las solicitudes de acceso a la red de transporte están bloqueadas por congestión técnica.
- La Directiva Europea 2019/944 exige separación funcional entre operación del sistema y actividades comerciales.
El debate ya no es si se necesita inversión en redes, sino cómo desbloquearla. La propuesta de Iberdrola no busca privatizar el sistema, sino introducir competencia regulada donde hoy hay monopolio. La electrificación de la economía exige infraestructura fiable, moderna y ampliable. Y eso, según el presidente de Iberdrola, no se construye con un solo operador con intereses cruzados.
