La Audiencia Nacional ha anulado la absolución de la actriz Ana Duato y su marido Miguel Ángel Bernardeu en el caso Nummaria, reabriendo un juicio por fraude fiscal que afecta a los ejercicios 2010–2012. La Sala de Apelación consideró insuficiente la motivación de la sentencia anterior, exigiendo un nuevo juicio con tribunal distinto. El caso forma parte de una red estructurada de asesoramiento fiscal opaco que impactó a múltiples figuras públicas y generó pérdidas millonarias al Tesoro Público.
¿Por qué la Audiencia Nacional anuló la absolución de Ana Duato?
La Sala de Apelación detectó fallos graves en la fundamentación lógica de la sentencia de julio de 2025. No se explicó de forma coherente por qué los ingresos canalizados a través de una sociedad instrumental —creada con asesoría de Fernando Peña, dueño de Nummaria— no constituyeron defraudación fiscal. Los tribunales exigen que la exención de responsabilidad penal se base en hechos objetivos y razonamientos jurídicos sólidos. Aquí, faltó esa conexión entre los hechos probados y la conclusión de inocencia.
La figura de la sociedad instrumental
Las sociedades instrumentales no son ilegales per se. Pero su uso para disfrazar ingresos personales como rendimientos empresariales —con el fin de aplicar tipos impositivos más bajos— sí puede integrar el tipo penal de defraudación del IRPF. En este caso, la Sala subrayó que los ingresos de Duato fueron claramente inferiores a los que habrían correspondido bajo el régimen de rendimientos del trabajo.
¿Qué implica la anulación para el caso Nummaria?
La decisión no solo afecta a Duato y Bernardeu. Refuerza la doctrina judicial sobre la responsabilidad de los asesores fiscales y la necesidad de controlar estructuras societarias abusivas. El caso Nummaria ya ha generado condenas firmes, como la de Imanol Arias, quien aceptó una pena de dos años y dos meses tras reintegrar 2.225.973 euros. Su acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción evitó la impugnación, pero no cambia el patrón de conducta detectado.
El papel del asesor fiscal
Fernando Peña, condenado inicialmente a 80 años, vio reducida su pena a 78 años por prescripción parcial y ajuste de cuotas defraudadas. Su rol como arquitecto de las estructuras fiscales es clave: la Sala de Apelación mantiene su responsabilidad penal en la parte relativa al asesoramiento prestado al matrimonio Duato-Bernardeu.
¿Cuál es el impacto económico real del fraude fiscal en España?
El fraude fiscal asociado a estructuras como Nummaria representa una pérdida estructural para las finanzas públicas. Según datos de la Agencia Tributaria, el fraude fiscal superó los 42.000 millones de euros en 2025. Los casos de alta visibilidad, como este, tienen un efecto multiplicador: generan desconfianza ciudadana, erosionan la neutralidad del sistema tributario y obligan a reforzar controles en sectores de alto riesgo como el audiovisual y la producción cultural.
El marco legal vigente
La Ley General Tributaria y el Código Penal establecen que la mera existencia de una sociedad no exime de responsabilidad si se demuestra que su uso carece de finalidad económica real. La doctrina del Tribunal Supremo exige que el contribuyente pruebe la veracidad económica de la operación, no solo su formalidad jurídica.
¿Qué sucede ahora con Ana Duato y su marido?
Ambos enfrentarán un nuevo juicio ante una sección distinta de la Audiencia Nacional. No se trata de un nuevo proceso desde cero, sino de una revisión limitada a los hechos y pruebas ya incorporados, con especial énfasis en la motivación de la defraudación. La Fiscalía había solicitado hasta 22 años de cárcel para Duato, aunque posteriormente redujo su petición a 13 años si se admitía un informe de Hacienda. Esa flexibilidad no invalida la gravedad del hecho: la reintegración de cantidades no es obligatoria para Duato aún, pero sí podría influir en la pena final.
Datos Clave
- La Sala de Apelación anuló la sentencia por falta de motivación lógica y jurídica.
- El caso involucra estructuras societarias opacas usadas para reducir la base imponible del IRPF.
- Imanol Arias pagó 2.225.973 euros y aceptó una pena de 2 años y 2 meses.
- La condena de Fernando Peña se redujo a 78 años por prescripción y ajuste de cuotas.
- La Agencia Tributaria identificó más de 42.000 millones de euros en fraude fiscal en 2025.
- La doctrina del Tribunal Supremo exige veracidad económica, no solo formalidad jurídica.
