Una mujer de 71 años de Ponteareas (Pontevedra) perdió 18.340 euros tras una estafa sofisticada que simuló una intervención de la Guardia Civil. Los delincuentes usaron una videoconferencia para mostrar uniformes y credenciales falsas. El caso, denunciado el 29 de abril de 2026, evidencia un salto cualitativo en la ciberdelincuencia en Galicia.
¿Cómo funciona la estafa con falsos agentes de la Guardia Civil?
Los estafadores contactan a la víctima por correo electrónico o llamada telefónica. Alegan un supuesto cargo judicial o irregularidad bancaria. Luego, programan una videoconferencia para “verificar su identidad”.
Durante la llamada, muestran uniformes oficiales, sellos institucionales y documentos falsos. Algunos incluso usan fondos virtuales con logotipos de la Benemérita. Esto genera confianza en personas mayores, especialmente si no están familiarizadas con las prácticas digitales.
La víctima recibe instrucciones para realizar una transferencia urgente, bajo amenaza de detención o bloqueo de cuentas. No hay intervención real de fuerzas de seguridad.
¿Por qué es tan peligrosa esta modalidad de fraude?
Esta estafa explota la autoridad percibida de las instituciones. La víctima no duda porque ve credenciales visuales y escucha un tono formal. Además, el uso de videoconferencia evita la verificación por vía telefónica o presencial.
El perfil más vulnerable es el de personas mayores, con menor exposición a campañas de alfabetización digital. También afecta a quienes tienen poca experiencia con plataformas como Zoom o Teams.
El impacto económico en Galicia
Según datos de la Unidad de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, los fraudes por suplantación institucional crecieron un 63 % en Galicia entre 2025 y 2026. El monto promedio por caso supera los 12.500 euros, con un 78 % de las víctimas mayores de 65 años.
El marco legal aplicable
La estafa se enmarca en el artículo 248 del Código Penal, que castiga la obtención de bienes mediante engaño. La suplantación de autoridad está tipificada en el artículo 404, con penas de hasta 3 años de prisión. Además, la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos exige responsabilidad a plataformas que faciliten el acceso a identidades falsas.
¿Qué recomienda la Guardia Civil para evitar estas estafas?
La Benemérita insiste en que nunca realiza llamadas ni videoconferencias para solicitar datos personales, transferencias o verificación de cuentas. Tampoco envía correos con enlaces a formularios oficiales.
Medidas prácticas inmediatas
- Nunca compartir el DNI, NIE, certificados bancarios o claves por correo o videollamada.
- Verificar cualquier contacto institucional llamando al número oficial (062 o 902 102 112), no al que proporcione el supuesto agente.
- Usar solo canales oficiales: la app Guardia Civil o el portal sede.gva.es para trámites digitales.
- Activar la autenticación de dos factores (2FA) en todas las cuentas bancarias y de correo.
¿Qué dice el marco regulatorio actual?
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha abierto una investigación sobre plataformas de videoconferencia que no verifican identidades de usuarios. Además, el Plan Nacional de Ciberseguridad 2025–2027 incluye una línea específica para combatir la suplantación de fuerzas y cuerpos de seguridad.
En Galicia, la Xunta impulsa el programa “Ciberseguros Mayores”, con talleres presenciales en 42 ayuntamientos. Ya ha formado a más de 14.000 personas mayores desde enero de 2026.
Datos Clave
- La víctima perdió 18.340 euros en una sola transferencia.
- El fraude se ejecutó mediante videoconferencia, no por teléfono ni correo.
- La Guardia Civil nunca solicita dinero ni datos sensibles por vía digital.
- El 92 % de estos casos se resuelven sin recuperación del dinero, según el Banco de España.
- Galicia registró 127 denuncias similares en los primeros cuatro meses de 2026.
La evolución de estas estafas refleja una adaptación constante de los ciberdelincuentes al entorno digital. La confianza en las instituciones se convierte en su principal arma. La prevención requiere coordinación entre fuerzas de seguridad, administraciones autonómicas y entidades financieras. La educación digital no es opcional: es una herramienta de protección ciudadana.
