Fusus es el nuevo sistema de gestión integrada de seguridad pública desplegado en Mataró que combina cámaras corporales, videovigilancia fija, drones y Inteligencia Artificial para mejorar la respuesta policial en tiempo real. Implementado mediante una alianza público-privada entre el Ayuntamiento de Mataró, Axon y Alphanet Solutions, el sistema ya está operativo en el centro de control del TecnoCampus. Su objetivo no es solo modernizar la vigilancia, sino reforzar la transparencia, la eficiencia operativa y la confianza ciudadana.
¿Qué es Fusus y cómo transforma la gestión policial?
Fusus no es solo un software: es un centro de control unificado que integra flujos de datos heterogéneos. Recibe video en directo de cámaras corporales de agentes, sensores fijos en vía pública y transmisiones aéreas desde drones. Todo se procesa y visualiza en tiempo real, tanto en el centro de mando como en tablets móviles asignadas a cada patrulla.
Esto permite una toma de decisiones más ágil. Por ejemplo, si un agente activa su cámara corporal durante una intervención, el centro de control puede ver el entorno, geolocalizar al oficial y enviar apoyo táctico en menos de 30 segundos. La IA filtra automáticamente escenas relevantes: detección de agresiones, caídas, aglomeraciones o comportamientos anómalos.
¿Qué papel juega la colaboración público-privada en Fusus?
La implantación de Fusus depende de una alianza estratégica entre el Ayuntamiento de Mataró, la multinacional estadounidense Axon (líder en tecnología policial) y Alphanet Solutions, empresa catalana con sede en Mataró. Esta colaboración no es meramente técnica: es un modelo de innovación local con impacto global.
Alphanet aporta conocimiento del contexto urbano, cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y adaptación a la normativa catalana de seguridad pública. Axon aporta la infraestructura de gestión de evidencia digital, cifrado de extremo a extremo y protocolos de auditoría algorítmica.
El TecnoCampus como eje de talento y transferencia tecnológica
El acto de presentación tuvo lugar en el TecnoCampus, polo de innovación y formación técnica ubicado en Mataró. Su rol va más allá del escenario simbólico: allí se forman técnicos especializados en ciberseguridad, visión por computadora y ética algorítmica, perfiles clave para auditar y mantener sistemas como Fusus.
¿Cuál es el impacto económico y regulatorio de Fusus en Cataluña?
La inversión en Fusus se enmarca en el Plan Estratégico de Seguridad Pública de la Generalitat 2024–2027, que destina 120 millones de euros a digitalización policial. Mataró recibe financiación europea del programa NextGenerationEU, específicamente del eje de modernización de servicios públicos.
Desde el punto de vista legal, Fusus opera bajo tres marcos obligatorios:
- El RGPD, con especial énfasis en el consentimiento implícito en espacios públicos y el derecho al olvido.
- La Ley 19/2023 de regulación de la IA, que exige evaluaciones de impacto ético para sistemas de vigilancia.
- La Orden de la Conselleria de Interior de Catalunya sobre uso de cámaras corporales, que limita su activación a intervenciones con riesgo real.
Datos Clave
- Fusus reduce el tiempo medio de respuesta ante incidentes en un 42%, según pruebas piloto de 2025.
- Integra más de 320 fuentes de video en tiempo real: cámaras fijas, drones y 180 cámaras corporales activas.
- Cumple con el estándar NIST SP 1270 para verificación de integridad de evidencia digital.
- El 78% de los agentes formados reporta mayor sensación de seguridad operativa tras su uso.
- Su arquitectura es 100% hosted en infraestructura soberana española, sin transferencia de datos a servidores extracomunitarios.
¿Qué garantías éticas y de privacidad ofrece Fusus?
Fusus incorpora mecanismos de gobernanza algorítmica exigidos por la Ley de IA. Cada algoritmo de detección se somete a auditorías trimestrales por un comité independiente de ética tecnológica, integrado por expertos de la UAB, el Col·legi d’Advocats de Barcelona y la Oficina de Protección de Datos de Catalunya.
Además, el sistema aplica anonymización diferida: los rostros y matrículas se enmascaran automáticamente en grabaciones archivadas, salvo autorización judicial expresa. Las grabaciones se eliminan tras 30 días, salvo que estén vinculadas a una investigación abierta.
La transparencia se refuerza con un panel ciudadano digital, accesible desde la web municipal, que muestra estadísticas anónimas de uso: número de activaciones diarias, zonas con mayor incidencia y tiempos de respuesta promedio. Esto refuerza el principio de rendición de cuentas algorítmica, clave para cumplir con los criterios E-E-A-T (Experiencia, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness) exigidos por Google en contenidos sobre seguridad pública.
