La Ley de Impulso de la Economía Social, aprobada recientemente, marca un punto de inflexión para las cooperativas de vivienda en cesión de uso, cuidados y otros modelos colectivos. Su aplicación ya genera tensiones institucionales, avances normativos y oportunidades reales para más de 25.000 entidades registradas en España. Esta norma no solo reconoce jurídicamente al sector, sino que lo integra en políticas transversales: vivienda, empleo, fiscalidad y financiación pública.
¿Qué dice la Ley de Impulso de la Economía Social sobre la vivienda en cesión de uso?
La ley incorpora por primera vez el concepto de vivienda en cesión de uso como instrumento válido dentro del marco de la economía social. Esto permite a cooperativas sin ánimo de lucro gestionar inmuebles bajo fórmulas de acceso asequible, sin transmisión de propiedad. El modelo se basa en derechos de uso temporal, con contratos estables y precios regulados por los propios socios.
Este enfoque desafía el paradigma del mercado inmobiliario tradicional. En Galicia, donde ya operan más de 40 cooperativas de este tipo, la norma refuerza su capacidad para acceder a suelo público, subvenciones directas y líneas de crédito preferentes.
¿Por qué el Ministerio de Economía se opone a su aplicación?
El Ministerio de Economía, liderado por Carlos Cuerpo, ha emitido informes negativos sobre la transversalización de la ley. Argumenta que extiende competencias de Trabajo a ámbitos regulados por otras entidades, como el Banco de España, la CNMV o la Dirección General de Seguros.
Sin embargo, Yolanda Díaz ha señalado que solo el Banco de España tendría legitimidad para intervenir —y únicamente en aspectos vinculados a la solvencia de fondos de garantía—. El resto de informes, según la ministra, responden a una falta de conocimiento técnico sobre los modelos cooperativos y su naturaleza no financiera.
¿Cómo afecta la ley al marco legal y fiscal actual?
La norma introduce cambios concretos en tres ejes clave:
- Establece la obligatoriedad de incluir cláusulas de economía social en los pliegos de contratación pública cuando se liciten servicios sociales, de vivienda o formación.
- Crea un régimen fiscal específico: reducción del 50 % en el tipo impositivo del Impuesto sobre Sociedades para entidades que cumplan los requisitos de la economía social.
- Habilita la creación de fondos de garantía cooperativa, supervisados por la Dirección General de Economía Social, para respaldar préstamos a cooperativas de vivienda.
¿Cuál es el impacto económico real de la economía social en España?
Según las cuentas satélite de la economía social, su peso ya supera el 11,1 % del PIB nacional. Genera más de 2,3 millones de empleos, el 12,7 % del total, y representa el 14,3 % del tejido empresarial. En el sector de la vivienda, las cooperativas gestionan ya más de 18.000 viviendas en régimen de cesión de uso, con una tasa de morosidad inferior al 1,2 % —frente al 4,7 % del alquiler privado.
¿Qué desafíos prácticos enfrentan las cooperativas tras la ley?
Aunque la norma abre puertas, su implementación requiere superar obstáculos concretos:
- Falta de protocolos claros entre administraciones locales y el Ministerio de Trabajo para la cesión de suelo público.
- Escasa formación técnica en ayuntamientos sobre modelos de cesión de uso y su compatibilidad con el suelo rústico o protegido.
- Resistencia de entidades financieras a aceptar garantías no tradicionales, como la solidaridad entre socios.
Datos Clave
- La economía social representa el 11,1 % del PIB y el 14,3 % de las empresas en España.
- Más de 25.000 entidades están inscritas en el Registro Nacional de Entidades de Economía Social.
- Las cooperativas de vivienda en cesión de uso gestionan 18.000 viviendas con una morosidad del 1,2 %.
- La ley prevé una reducción del 50 % en el tipo impositivo del Impuesto sobre Sociedades para entidades calificadas.
- El Banco de España es la única autoridad con competencia legítima para intervenir en aspectos de solvencia financiera.
El contexto electoral de 2027 intensifica la urgencia de consolidar estos avances. Yolanda Díaz ha advertido que el objetivo es “dejar todo bien definido y bien atado”, anticipando posibles cambios de gobierno. La ley no es solo un marco normativo: es una apuesta por redefinir el acceso a derechos fundamentales —como la vivienda y los cuidados— desde la democracia económica, no desde el mercado.
