Un hombre de 52 años fue detenido en Cassà de la Selva por operar una perrera no registrada, mantener 18 perros en condiciones insalubres y cultivar 176 plantas de marihuana en un sótano oculto. Los Mossos d’Esquadra actuaron tras una denuncia por maltrato animal. El caso revela fallos en la supervisión de núcleos zoológicos y riesgos de convergencia entre actividades ganaderas ilegales y tráfico de drogas.
¿Qué hizo la policía al descubrir la perrera ilegal?
Los agentes de la Unidad Regional de Medio Ambiente (URMA) acudieron el 10 de abril tras una denuncia por el estado de un perro. En la finca encontraron:
- Ausencia de registro como núcleo zoológico, perrera deportiva o de caza.
- Falta grave de higiene en instalaciones y animales.
- 18 perros sin atención veterinaria adecuada ni espacio suficiente.
La inspección inicial activó un protocolo de control zoológico y ambiental. Los Mossos constataron que el propietario no cumplía con la Ley 5/2021 de Protección Animal de Cataluña, ni con el Real Decreto 1537/2022 sobre núcleos zoológicos en España.
¿Cómo se descubrió el cultivo de marihuana?
Durante una segunda inspección, los agentes detectaron una trampa de acceso oculta: una tapa en el suelo de la caseta que conducía a un sótano mediante escaleras metálicas. Allí hallaron:
- 176 plantas de marihuana, de aproximadamente un metro de altura y en plena floración.
- Un sistema técnico sofisticado: 22 transformadores, 22 focos LED, 4 ventiladores, 2 aires acondicionados y 4 filtros de aire.
- Instalación eléctrica fraudulenta, sin autorización ni seguridad reglamentaria.
Este montaje exigía un consumo energético anormal, detectable mediante auditorías de suministro. El uso de infraestructura agrícola para ocultar cultivos ilícitos es un patrón creciente en zonas rurales de Cataluña.
¿Qué delito se imputa al detenido?
El hombre fue detenido por un delito contra la salud pública, según el artículo 368 del Código Penal. No se le imputa tráfico, sino producción a gran escala con riesgo para la seguridad eléctrica y ambiental. El cultivo no estaba autorizado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ni por la Dirección General de Drogas de la Generalitat.
Además, incumplió la Ley 32/2007 para el cuidado de los animales, al no garantizar alojamiento, alimentación, higiene y atención veterinaria mínima. La falta de registro como núcleo zoológico agrava la responsabilidad administrativa y penal.
¿Por qué es relevante el marco legal en este caso?
- El registro obligatorio de núcleos zoológicos evita el uso de instalaciones para actividades ilícitas.
- La inspección cruzada entre medio ambiente, sanidad y seguridad pública es clave para detectar redes híbridas.
- El fraude eléctrico asociado a cultivos indoor es un indicador temprano usado por la Guardia Civil y los Mossos en operativos antinarcóticos.
Datos Clave
- 18 perros encontrados en condiciones insalubres y sin atención veterinaria.
- 176 plantas de marihuana intervenidas en un sótano oculto.
- 22 focos LED y 22 transformadores instalados de forma fraudulenta.
- El detenido carece de antecedentes penales.
- La finca no tenía licencia como núcleo zoológico, perrera deportiva ni de caza.
- La Unidad de Investigación de Girona asumió la investigación judicial.
El caso tiene impacto económico directo: el cultivo ilegal generaba un valor estimado de más de 200.000 € en el mercado negro. Además, el fraude eléctrico supuso un costo no contabilizado para la red de distribución. Desde el punto de vista práctico, expone la necesidad de reforzar los controles interadministrativos entre los servicios veterinarios, ambientales y de seguridad. La convergencia entre maltrato animal y producción de drogas no es casual: ambas actividades buscan aislamiento, baja visibilidad y ausencia de supervisión. Cataluña ha intensificado inspecciones en zonas rurales tras varios casos similares en Girona y Lleida en 2025–2026.
