La nueva normativa de ascensores en España ya está en vigor y afecta directamente a más de 1,2 millones de equipos instalados. El Real Decreto 355/2024, que aprueba la ITC AEM 1, impone requisitos técnicos más exigentes de seguridad, mantenimiento e inspección. No exige sustitución masiva, pero sí adaptaciones progresivas obligatorias. Las comunidades de propietarios deben actuar antes de las próximas inspecciones periódicas. Los costes varían entre 5.000 y 40.000 euros por edificio, según antigüedad y estado del equipo.
¿Qué implica el Real Decreto 355/2024 para los ascensores?
Este decreto no es una reforma puntual, sino un cambio estructural en la regulación técnica. Sustituye la anterior ITC AEM 0 y refuerza el marco de seguridad para todo el parque elevador español. Su aplicación se articula mediante tres vías obligatorias: inspecciones periódicas, detección de deficiencias de seguridad, y ejecución de modificaciones o reformas relevantes.
La norma no fija plazos generales de adaptación. En cambio, vincula la obligación de actuación al momento en que se produce una de esas tres circunstancias. Esto implica que un ascensor de 1985 puede seguir operando sin cambios… hasta su próxima inspección, donde se exigirá cumplimiento de los nuevos estándares.
¿Quién asume la responsabilidad legal?
Las comunidades de propietarios son ahora responsables directas de garantizar el mantenimiento, conservar la documentación técnica y facilitar el acceso a las inspecciones. El administrador de fincas ya no puede delegar esta obligación. El incumplimiento puede derivar en sanciones administrativas y, en caso de accidente, en responsabilidad civil o penal.
¿Qué mejoras técnicas exige la ITC AEM 1?
La ITC AEM 1 prioriza la prevención de accidentes y la accesibilidad universal. No se trata de actualizaciones cosméticas, sino de exigencias funcionales vinculadas a la integridad física de los usuarios.
Sistemas de protección en puertas
Se exige la instalación de detectores de obstáculos con respuesta inmediata. Los sensores de luz o bordes sensibles deben detener el cierre de puertas al detectar cualquier interrupción, incluso objetos delgados como una mano o un bastón.
Comunicación bidireccional en cabina
Ya no basta con un botón de alarma. Se requiere un sistema activo de voz o intercomunicación con el exterior, conectado a un centro de atención 24/7. Debe funcionar incluso durante cortes de energía.
Nivelación de parada precisa
El ascensor debe detenerse con una tolerancia máxima de ±5 mm respecto al nivel del piso. Esto evita tropiezos, especialmente para personas mayores o con movilidad reducida.
Protección contra movimientos incontrolados
Se refuerzan los sistemas de frenado y detección de sobrecarga. Los equipos deben incorporar dispositivos que activen la parada de emergencia si se detecta aceleración anómala o pérdida de tracción.
¿Cuál es el impacto económico real para las comunidades?
El coste de adaptación depende del estado del equipo, pero no es marginal. Un ascensor de los años 90 puede requerir entre 8.000 y 15.000 euros. En edificios con equipos anteriores a 1980, las reformas integrales —incluida la sustitución de cuadros de mando, puertas y sistemas de seguridad— superan los 40.000 euros, según datos del Colegio Oficial de Aparejadores de Madrid.
El impacto macroeconómico es significativo: se estima que más del 35 % del parque elevador español (unos 420.000 ascensores) necesitará intervención antes de 2028. Esto impulsa la demanda de empresas especializadas, pero también presiona los presupuestos comunitarios en un contexto de inflación persistente en materiales y mano de obra.
¿Qué dice la ley sobre plazos y sanciones?
No existe un calendario único de adaptación. Sin embargo, la Ley 21/2013 de Evaluación de Impacto Ambiental y la Ley de Propiedad Horizontal refuerzan la obligación de conservación. Las inspecciones periódicas —cada 2 años para ascensores en uso público y cada 4 para uso privado— son el principal punto de control.
Las comunidades que no acometan las adaptaciones exigidas tras una inspección pueden enfrentar multas de hasta 60.000 euros. Además, el seguro de responsabilidad civil puede dejar de cubrir daños si se demuestra negligencia en el cumplimiento normativo.
Datos Clave
- El Real Decreto 355/2024 entró en vigor el 1 de enero de 2025.
- La ITC AEM 1 sustituye a la anterior instrucción técnica desde el 20 de abril de 2026.
- Más del 35 % de los ascensores en España requiere adaptación técnica antes de 2028.
- Las inspecciones periódicas son el principal desencadenante de las obligaciones de adaptación.
- Las comunidades asumen responsabilidad directa ante la Administración y los afectados.
- Los costes de adaptación oscilan entre 5.000 y 40.000 euros por unidad, según antigüedad y complejidad.
