El juicio de la Primitiva millonaria sin dueño en A Coruña sigue en pleno desarrollo. Un boleto de 4,7 millones de euros, hallado en 2012 en una administración de lotería, ha generado un conflicto legal sin precedentes. La Fiscalía acusa a los hermanos Manuel y Miguel Reija, y exige penas de hasta seis años de cárcel. El caso pone en tensión la seguridad jurídica de los títulos al portador, la transparencia institucional y los límites éticos del sector lotérico.
¿Qué implica que un boleto sea un título al portador?
Un título al portador otorga el derecho de cobro a quien lo posee físicamente. No requiere identificación del propietario. Esta característica es legal, pero genera riesgos evidentes de apropiación indebida.
La Ley 35/2010 de Loterías y Apuestas del Estado reconoce esta naturaleza. Sin embargo, exige controles internos rigurosos en las administraciones. El boleto hallado en la administración de San Agustín no tenía registro de venta ni de titular.
La defensa apela al derecho de cobro
Los abogados de los acusados sostienen que Manuel Reija actuó dentro de la legalidad al no cobrar el premio de inmediato. En cambio, notificó el hallazgo a través de su hermano, Miguel Reija, entonces delegado comercial de Selae. Esa acción, según su versión, demuestra buena fe.
¿Por qué la Fiscalía acusa de estafa y blanqueo?
La Fiscalía considera que el hallazgo no fue casual. Argumenta que Manuel Reija estaba solo en la administración y que manipuló el registro de boletos. Además, señala que Miguel Reija, como funcionario de Selae, tenía deberes de transparencia y no de encubrimiento.
El rol del delegado comercial es clave
Como delegado comercial, Miguel Reija debía garantizar la integridad del sistema. Su viaje a Madrid para informar al presidente de Selae no exime su responsabilidad si omitió datos relevantes o actuó con reticencia.
¿Qué dice la jurisprudencia sobre hallazgos de boletos premiados?
No existe una doctrina consolidada en tribunales superiores sobre boletos no reclamados. Pero la Audiencia Provincial de A Coruña ya ha señalado que la mera posesión no basta si hay indicios de ocultación o falta de diligencia.
El precedente de 2018 en Vigo
En un caso similar en Vigo, un empleado de lotería fue absuelto al probar que notificó el hallazgo en menos de 24 horas y conservó el boleto bajo custodia institucional. El contraste con el caso Reija es evidente: aquí hubo un retraso de días y una gestión opaca.
¿Cuál es el impacto económico y reputacional del caso?
El premio no cobrado representa una pérdida fiscal directa de más de 1,2 millones de euros en impuestos. Además, afecta la confianza ciudadana en el sistema. Selae gestionó 12.400 millones de euros en 2025. Cualquier mancha en su cadena de custodia repercute en la recaudación estatal.
Datos Clave
- El boleto premiado corresponde al sorteo del 2 de julio de 2012.
- El premio ascendía a 4,7 millones de euros antes de impuestos.
- La Fiscalía pide seis años de prisión para Manuel Reija por estafa o apropiación indebida.
- Para Miguel Reija, la acusación oscila entre seis años por blanqueo o tres por encubrimiento.
- El juicio se prolonga más allá de lo previsto por falta de tiempo para testimonios clave.
- La hermana de los acusados declaró como testigo y trabajaba en la delegación de Loterías en 2012.
El marco legal actual no prevé mecanismos obligatorios de geolocalización o registro biométrico de boletos. Esto deja brechas que el caso Reija evidencia con crudeza. La Ley de Transparencia y la Ley de Protección de Datos también entran en juego, pues la gestión del boleto involucra información sensible y responsabilidad pública. El fallo podría sentar un precedente para reformar los protocolos de custodia en todas las administraciones del país.
