El precio del petróleo Brent supera los 95 dólares por barril, mientras el WTI alcanza los 87,67 dólares, impulsado por tensiones geopolíticas en el estrecho de Ormuz y el Golfo de Omán. El ataque estadounidense a un carguero iraní violó un frágil alto el fuego. Esto reactivó el riesgo de interrupción en el suministro global. Los mercados reaccionaron con volatilidad: el Ibex 35 cayó un 1,2% en apertura. Los consumidores ya sienten el impacto: en Los Ángeles, la gasolina superó los 5 dólares por galón.
¿Qué desencadenó el nuevo repunte del petróleo en abril de 2026?
La reapertura anunciada del estrecho de Ormuz el viernes 17 de abril generó un breve alivio. Los precios del Brent cayeron fuertemente. Pero ese optimismo se evaporó en menos de 48 horas.
El domingo 19 de abril, Estados Unidos atacó y capturó un carguero iraní en el Golfo de Omán. La acción ocurrió mientras el buque intentaba sortear un bloqueo naval impuesto por Washington. El gobierno iraní calificó el acto como piratería marítima y violación del alto el fuego.
Este episodio reactivó el temor a una escalada en la región. El estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial, volvió a ser foco de riesgo. Los operadores ajustaron sus posiciones con premura. La consecuencia inmediata fue una subida del 5,6% en el Brent y del 6,10% en el WTI.
¿Cómo afecta esta volatilidad al mercado español y europeo?
El Ibex 35 abrió el lunes 20 de abril con una caída del 1,2%. Esta reacción refleja la sensibilidad del índice a los costes energéticos. España importa más del 90% de su petróleo, y su economía es altamente dependiente de los precios del crudo y los derivados.
Los sectores más afectados son el transporte, la logística y la industria manufacturera. Las empresas ya revisan sus presupuestos operativos. Algunas han activado cláusulas de ajuste por variación de costes energéticos en contratos con clientes.
El Banco de España advirtió que una persistencia de precios superiores a 90 dólares/barril podría reducir el crecimiento del PIB español en hasta 0,4 puntos porcentuales en 2026.
¿Qué marco legal regula las respuestas a estas crisis energéticas?
La Unión Europea activó el Mecanismo de Coordinación de la Seguridad del Suministro Energético. Este instrumento permite la coordinación obligatoria entre Estados miembros ante interrupciones graves.
A nivel nacional, el Real Decreto-Ley 14/2023, de medidas urgentes para la seguridad energética, faculta al Gobierno español a decretar reservas estratégicas obligatorias y a intervenir temporalmente en los mercados de derivados.
Además, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) autorizó una nueva liberación coordinada de reservas estratégicas, aunque su impacto se considera limitado ante la magnitud del riesgo geopolítico actual.
¿Cuál es el impacto económico real para los consumidores y empresas?
- El precio medio de la gasolina en España superó los 2,30 euros por litro en la primera semana de abril.
- Las tarifas eléctricas reguladas (PVPC) subieron un 8,7% en abril tras la revisión semanal del precio del gas natural.
- Las compañías aéreas españolas anunciaron un recargo por combustible del 12% en todos los vuelos nacionales e internacionales.
- El IPC energético contribuyó con 1,9 puntos porcentuales al índice general de inflación en marzo de 2026.
Datos Clave
- El estrecho de Ormuz transporta 21 millones de barriles diarios, el 20% del petróleo mundial.
- El Brent subió 5,6% en una sola sesión: de 89,90 a 94,95 dólares/barril.
- El WTI alcanzó 87,67 dólares, su nivel más alto desde noviembre de 2025.
- El Ibex 35 perdió 1,2% en apertura, arrastrado por acciones de energía y transporte.
- La gasolina en EE.UU. superó los 5 dólares/galón, con picos de 5,42 dólares en California.
La volatilidad actual no es solo cíclica: está anclada en una ruptura del equilibrio geopolítico regional. Las sanciones, los bloqueos navales y las operaciones militares en zonas críticas han redefinido los riesgos de suministro. Para los reguladores, esto exige actualizar los planes de seguridad energética nacional. Para las empresas, implica repensar cadenas de suministro y cláusulas contractuales. Y para los consumidores, significa una presión sostenida sobre el poder adquisitivo en 2026.
