Un apagón digital afectó a decenas de municipios del Bages y Solsonès durante seis horas. El sabotaje a un cable troncal de fibra óptica dejó sin teléfono fijo, internet y televisión a miles de usuarios. La acción fue realizada por Revoltes de la Terra, en el marco de protestas contra ICL en la comarca. El impacto económico y social fue inmediato y desproporcionado frente a los objetivos reivindicativos.
¿Qué provocó el apagón digital en Súria y Solsona?
El corte de servicio se originó por el sabotaje a una infraestructura crítica en Callús. Activistas retiraron las tapas de hormigón que protegían un cable de fibra paralelo a la vía del tren de la potasa. Luego, inutilizaron la infraestructura, arrancaron el cable y lo arrojaron al camino del cementerio. El cable siguió ardiendo horas después del acto.
Este cable es gestionado por Guixers, operador local, y forma parte de la Xarxa Oberta de Catalunya (XOC). Es troncal: alimenta el norte del Bages y parte del Solsonès. Su destrucción no fue simbólica. Fue técnica, deliberada y de alto impacto operativo.
¿Quiénes están detrás del sabotaje a la fibra óptica?
Los responsables se identifican como Revoltes de la Terra, un colectivo ecologista y antiextractivista activo en el Bages. Su protesta está dirigida contra ICL, multinacional israelí dedicada a la extracción de potasa en Súria. Sin embargo, su estrategia incluyó el ataque a una infraestructura civil no vinculada directamente a la empresa.
No hay evidencia de coordinación con partidos políticos ni con sindicatos. Tampoco hay declaraciones públicas que justifiquen el daño colateral. La alcaldesa de Cardona, Lluïsa Aliste, calificó los hechos como “fuera de la reivindicación” y destacó que “siempre sufren las personas que menos culpa tienen”.
¿Cuál fue la respuesta técnica y legal tras el sabotaje?
Técnicos de Guixers y de la XOC realizaron una actuación de emergencia durante la noche. El servicio se restableció a la 1:45 de la madrugada del domingo. No se reportaron daños personales, pero sí un claro precedente de vulnerabilidad de las redes de telecomunicaciones en zonas rurales.
Desde el punto de vista legal, el sabotaje constituye un delito contra la infraestructura crítica, amparado por el Código Penal español (art. 578) y la Ley 8/2021 de Resiliencia de Infraestructuras Esenciales. La Fiscalía podría investigar por daños dolosos y peligro para la seguridad pública, especialmente por afectar servicios básicos como la comunicación de emergencias.
¿Qué implica este caso para la seguridad de las redes digitales en zonas rurales?
La fragilidad de las redes troncales locales
Muchas zonas rurales dependen de un solo cable troncal. No hay redundancia. Un solo acto de sabotaje puede dejar a decenas de municipios aislados digitalmente.
El costo económico del apagón
Empresas locales perdieron horas de facturación. Clínicas, colegios y comercios dependientes de internet no pudieron operar. El impacto no se cuantificó oficialmente, pero estimaciones preliminares apuntan a decenas de miles de euros en pérdidas directas.
El marco regulatorio insuficiente
La Ley General de Telecomunicaciones no exige redundancia obligatoria en redes locales. La XOC, aunque pública, opera con recursos limitados. La protección física de cables en vías férreas o caminos rurales carece de protocolos estandarizados de vigilancia o alerta temprana.
Datos Clave
- El apagón duró 6 horas y afectó a poblaciones desde Súria hasta Solsona.
- El cable destruido es troncal y gestionado por Guixers y la XOC.
- El sabotaje incluyó retirada de tapas de hormigón, arranque del cable y quema intencionada.
- La alcaldesa de Cardona condenó los actos por su impacto desproporcionado en la ciudadanía.
- La recuperación requirió una actuación de emergencia nocturna y coordinación técnica multisectorial.
El caso evidencia una brecha crítica: la tensión entre la protesta social legítima y la protección de infraestructuras esenciales. No se trata solo de un corte de fibra. Es un aviso sobre la vulnerabilidad sistémica de los servicios digitales básicos en Cataluña y su exposición a acciones no coordinadas con el marco democrático.
