La escuela concertada Sanfeliu, en el barrio de Sanfeliu de L’Hospitalet de Llobregat, cerrará definitivamente el 30 de junio de 2026. Tras más de 60 años de actividad, el anuncio, comunicado el 16 de abril a su plantilla, ha generado alarma entre docentes, familias y autoridades locales. No hay prórroga ni transición planificada. El cierre afecta a cerca de 150 alumnos y 20 trabajadores. La viabilidad académica del centro no está en duda: ya hay 14 matrículas confirmadas para Infantil 3 años y nuevas inscripciones en curso, incluso tras conocerse la decisión.
¿Por qué cierra la escuela concertada Sanfeliu?
El cierre responde a una combinación de factores estructurales y personales. El titular del centro se encuentra en baja médica prolongada, lo que impide la continuidad de la gestión. Pero el obstáculo decisivo es técnico: el edificio, construido en una época con normativas urbanísticas distintas, no cumple los requisitos actuales de la Generalitat en superficie mínima, accesibilidad y seguridad.
Falta de viabilidad legal para el relevo
La ley catalana exige que cualquier cambio de titularidad en una escuela concertada pase por una evaluación rigurosa. El Departament d’Educació ha determinado que el inmueble no puede ser homologado para una nueva gestión. No se ha autorizado un gestor provisional, ni se ha activado un protocolo de rescate institucional.
¿Qué dice la normativa sobre cierres de centros concertados?
El marco legal vigente —Ley 12/2009 de Educación de Cataluña y Decreto 122/2022 sobre conciertos educativos— establece que los centros deben garantizar la continuidad educativa. Sin embargo, no prevé mecanismos obligatorios de intervención temprana ante riesgos de cierre. La responsabilidad recae en el titular, no en la administración, salvo que se detecte incumplimiento grave de obligaciones.
El vacío regulatorio en la práctica
No existe un procedimiento vinculante para que el Departament d’Educació asuma la gestión transitoria de un centro en riesgo. Tampoco hay fondos específicos para adaptaciones edilicias en centros antiguos. Esto deja a centros como Sanfeliu sin alternativas legales viables, aunque sigan siendo pedagógicamente operativos.
¿Cuál es el impacto económico y social del cierre?
El cierre tiene efectos directos en tres niveles: familiar, municipal y sistémico. Para las familias, supone un desplazamiento forzoso en pleno proceso de matrícula. Muchos alumnos deberán cambiar de centro con menos de tres meses de antelación. Para el Ayuntamiento de L’Hospitalet, implica una pérdida de oferta educativa en un barrio con alta densidad poblacional y creciente demanda. A nivel regional, refleja una presión creciente sobre la red de escuelas concertadas, que atiende al 35 % del alumnado de Cataluña.
Presión sobre la red concertada
Según datos del Departament d’Educació (2025), 17 centros concertados han cerrado o han iniciado procesos de reestructuración desde 2022. La mayoría por causas similares: obsolescencia edilicia y dificultades para renovar titularidades. Esto acelera la concentración de la oferta en manos de grandes fundaciones, reduciendo la diversidad pedagógica.
¿Qué opciones quedan para los alumnos y docentes?
No hay un plan de reubicación oficial. Las familias deben gestionar la transferencia de forma individual ante la Oficina de Matrícula de la Generalitat. Los docentes, con contratos indefinidos, entran en situación de extinción contractual. Algunos podrían acceder a la bolsa de sustituciones, pero sin garantía de continuidad.
Datos Clave
- El cierre se produce tras 62 años de funcionamiento continuado.
- El edificio no cumple los requisitos urbanísticos y de superficie exigidos por la Generalitat.
- Se han matriculado 4 nuevos alumnos de una misma familia tras conocerse el cierre.
- Hay 14 matrículas confirmadas para Infantil 3 años para el curso 2026-2027.
- No se activó ningún protocolo de intervención temprana, pese a que la baja médica del titular se conocía desde 2024.
- El centro no recibió ayudas para adaptación edilicia, a pesar de su antigüedad y viabilidad pedagógica.
La situación de Sanfeliu no es aislada. Revela una grieta estructural: la infraestructura educativa pública y concertada no se ha actualizado al ritmo de las exigencias normativas. Mientras tanto, las familias pagan el precio de una planificación deficiente. La viabilidad del centro no se midió solo en metros cuadrados, sino en su capacidad real para educar. Y esa, según sus docentes y familias, nunca se perdió.
