La Fiscalía de Barcelona ha iniciado una investigación en relación con el desalojo de migrantes del antiguo instituto B9 en Badalona, un suceso que ha generado un intenso debate social y político. La apertura de diligencias se produce tras varias denuncias penales contra el alcalde de la ciudad, Xavier Garcia Albiol, del Partido Popular (PP). Entre las denuncias destaca la presentada por el eurodiputado Jaume Asens, del grupo Comuns, quien argumenta que durante el desalojo se cometieron actos que podrían constituir delitos de denegación de servicio público por motivos discriminatorios y un delito de odio, que podría acarrear penas de prisión.
La investigación de la Fiscalía busca esclarecer los hechos ocurridos durante el desalojo, que tuvo lugar en diciembre de 2025, y se centra en las acciones del Ayuntamiento de Badalona para cumplir con la resolución judicial que autorizó la desocupación del inmueble. Entre las diligencias solicitadas se incluye un requerimiento al consistorio sobre las medidas adoptadas para proteger a los desalojados y la citación de un periodista que reportó declaraciones controvertidas de Albiol a vecinos que se oponían al realojamiento de los migrantes.
Desde el Ayuntamiento de Badalona, fuentes municipales defienden que el desalojo se llevó a cabo de manera rigurosa y en cumplimiento de la resolución judicial. Argumentan que se desplegó un dispositivo de Servicios Sociales en el antiguo instituto, donde diez trabajadores estaban disponibles para atender a las personas que lo necesitaran. Sin embargo, solo unas cincuenta personas solicitaron asistencia durante el operativo, lo que ha llevado a críticas sobre la efectividad de la respuesta del gobierno local ante la situación de vulnerabilidad de los migrantes.
El alcalde Albiol ha manifestado en varias ocasiones su negativa a destinar recursos para el realojamiento de lo que él califica de “delincuentes”. Esta postura ha sido objeto de controversia y ha alimentado el debate sobre la gestión de la crisis de vivienda y la atención a las personas sin hogar en la ciudad. En respuesta a la investigación de la Fiscalía, el gobierno municipal ha calificado las denuncias como un intento de manipular la justicia para fines políticos, argumentando que carecen de fundamento legal.
Por su parte, Badalona en Comú ha expresado su satisfacción por la apertura de la investigación, considerándola una victoria en la defensa de los derechos humanos. El grupo político ha instado a que la investigación se lleve a cabo de manera exhaustiva y que se determinen las responsabilidades políticas y judiciales que puedan derivarse de los hechos.
El desalojo del B9 no solo ha suscitado reacciones a nivel local, sino que también ha llegado a instancias internacionales. Expertos de la ONU han condenado la acción, señalando que el discurso estigmatizador de las autoridades contribuye a la marginalización de las personas migrantes y sin hogar. La situación ha puesto de manifiesto la necesidad de abordar la crisis de vivienda desde una perspectiva de derechos humanos, garantizando la protección y asistencia a las personas más vulnerables.
La resolución judicial que autorizó el desalojo especificaba que debía seguirse un protocolo de asistencia para las personas sin hogar, y que se debía remitir un informe sobre las acciones realizadas para atender a los desalojados. Sin embargo, la falta de un seguimiento adecuado y la escasa respuesta de los Servicios Sociales han generado críticas sobre la efectividad de la intervención del Ayuntamiento.
El caso del desalojo del B9 en Badalona es un reflejo de las tensiones que existen en torno a la gestión de la migración y la atención a las personas sin hogar en España. La situación ha puesto de relieve la necesidad de un enfoque más humano y comprensivo hacia aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, así como la importancia de garantizar que las decisiones políticas no se tomen a expensas de los derechos fundamentales de las personas.
A medida que avanza la investigación de la Fiscalía, se espera que se arroje luz sobre las circunstancias que rodearon el desalojo y se determinen las responsabilidades correspondientes. La atención pública y mediática sobre este caso podría influir en futuras políticas relacionadas con la vivienda y la atención a las personas en situación de sinhogarismo, así como en la forma en que se abordan las cuestiones de migración en el contexto español.
