El conflicto territorial en torno a Bellaterra ha alcanzado un punto crítico, generando un clima de alta tensión política entre los municipios de Cerdanyola del Vallès y Sant Cugat. El alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, ha denunciado lo que considera una actuación «desleal» por parte del Ayuntamiento de Sant Cugat, que ha emitido un informe favorable a la anexión de la Entidad Municipal Descentralizada (EMD) de Bellaterra a su municipio. Esta situación ha suscitado un debate profundo sobre la integridad territorial y el futuro de la cohesión social en la región.
La controversia se remonta a 2018, cuando una comisión vecinal de Bellaterra promovió la segregación de esta localidad de Cerdanyola para integrarse en Sant Cugat. En una consulta popular, el 61% de los vecinos de Bellaterra votó a favor de la independencia. Sin embargo, la propuesta fue inicialmente desestimada por los servicios jurídicos de Cerdanyola. Un cambio significativo ocurrió en junio de 2024, cuando una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) obligó al consistorio de Cerdanyola a reactivar el expediente técnico y a solicitar la opinión de todas las administraciones implicadas.
El informe del Consell Comarcal del Vallès Occidental, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y la Diputación de Barcelona coincidió en que cualquier cambio en el término municipal debería basarse en un acuerdo entre los municipios. Sin embargo, el informe del Ayuntamiento de Sant Cugat, que avala la independencia de Bellaterra, ha tomado a Cerdanyola por sorpresa. El teniente de alcaldía de Sant Cugat, Jordi Puigneró, ha defendido que su gobierno ha actuado en respeto a la voluntad de los vecinos de Bellaterra, quienes han impulsado este proceso.
Las relaciones entre ambos ayuntamientos se han deteriorado notablemente. Cordón ha expresado su descontento, afirmando que Sant Cugat ha trabajado «de espaldas» a Cerdanyola y sin un diálogo institucional adecuado. En una comunicación informal, el alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, había indicado que no había interés en incorporar Bellaterra, lo que ha generado una sensación de traición en Cerdanyola. Cordón ha subrayado que este tipo de actuaciones vulneran los principios de lealtad y cooperación entre administraciones locales.
El alcalde de Cerdanyola ha ido más allá del conflicto inmediato, planteando que la anexión de Bellaterra podría tener repercusiones más amplias en el modelo de redistribución y cohesión social. Según Cordón, permitir que territorios con mayor poder adquisitivo se desvinculen del resto podría debilitar el Estado del bienestar, favoreciendo la separación de las zonas más ricas y dejando atrás a la mayoría. Esta perspectiva ha llevado al pleno de Cerdanyola a aprobar, por unanimidad, una declaración institucional en defensa de la integridad territorial del municipio y a reforzar la EMD de Bellaterra mediante un nuevo convenio que amplíe competencias y financiación.
En respuesta a la situación, el Ayuntamiento de Cerdanyola está trabajando en un informe técnico que argumentará la inviabilidad de la propuesta de segregación. Este documento será presentado en un pleno y se incorporará al expediente que se enviará a la Generalitat, que tendrá la última palabra en este proceso. Se espera que el Govern se pronuncie en los próximos meses, probablemente después del verano.
La postura de Cerdanyola es clara: no renunciará a defender su posición y utilizará todos los mecanismos políticos, administrativos y judiciales a su alcance para preservar la integridad territorial. Este conflicto no solo afecta a Bellaterra, sino que también pone a prueba el equilibrio institucional en el área metropolitana, planteando preguntas sobre cómo se gestionan las relaciones entre municipios y la importancia de mantener un diálogo constructivo para evitar tensiones innecesarias.
La situación en Cerdanyola y Sant Cugat es un reflejo de los desafíos que enfrentan muchas localidades en la actualidad, donde los intereses locales pueden chocar con la necesidad de una cooperación más amplia. La resolución de este conflicto requerirá no solo un análisis legal, sino también un compromiso genuino por parte de ambas partes para encontrar una solución que respete la voluntad de los ciudadanos y mantenga la cohesión social en la región.
